La Justicia podría avanzar con uno de los decomisos más amplios en una causa por corrupción en la Argentina. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N.º 2 que se confisquen más de 140 propiedades vinculadas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, además de vehículos y sumas de dinero.
Entre los inmuebles alcanzados figura el departamento de la calle San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria. El pedido también incluye bienes registrados a nombre de sociedades de la familia Kirchner y de firmas vinculadas al empresario santacruceño.
En su presentación, los fiscales advirtieron que los condenados aún no depositaron el monto fijado por la Justicia como reparación económica por la maniobra de defraudación contra el Estado, que fue actualizado a más de 684.000 millones de pesos. Según remarcaron, el plazo para cumplir con esa obligación ya venció.
Luciani y Mola sostuvieron que los imputados están demorando el recupero de activos ordenado por sentencia firme y cuestionaron esa conducta, al considerar que refleja una falta de arrepentimiento y un desconocimiento del fallo judicial.
En este contexto, la Corte Suprema de Justicia fue designada para administrar y eventualmente subastar los bienes que sean decomisados. La medida alcanza a más de un centenar de propiedades identificadas como producto o instrumento del delito, o incorporadas durante el período en que se habría desarrollado la maniobra, entre 2003 y 2015.
El monto del decomiso había sido fijado originalmente en unos 84.800 millones de pesos, pero fue recalculado por peritos contables y actualizado con aval del máximo tribunal, multiplicando varias veces su valor inicial.
