La reforma laboral volvió a instalarse en el centro del debate político y económico tras obtener media sanción en el Congreso. Ahora será la Cámara de Diputados la que defina su futuro en una discusión que promete ser intensa. El Gobierno sostiene que la iniciativa apunta a modernizar las reglas del mercado laboral, reducir la conflictividad judicial y fomentar la formalización del empleo en un contexto de cambios productivos y tecnológicos.
Durante la negociación previa a la votación se introdujeron modificaciones clave. El Ejecutivo retiró la propuesta de reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas, un tributo coparticipable que impacta en las finanzas provinciales, lo que representó un triunfo para los gobernadores. En paralelo, los gremios lograron mantener los aportes patronales del 6% a las obras sociales y conservar el aporte solidario sindical, aunque con un tope del 2% y un límite de dos años. Pese a esas concesiones, hubo movilizaciones y tensiones en las inmediaciones del Congreso.
Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la modificación en el cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa. La nueva base contemplará únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, dejando afuera conceptos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones. Además, la indemnización será considerada la única reparación económica por despido, con el objetivo de limitar reclamos adicionales. Para la actualización de créditos laborales se aplicará un esquema que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.
Como novedad estructural, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir costos de desvinculación. Las grandes empresas deberán aportar el 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas empresas el 2,5%, con posibilidad de incrementos si así lo dispone el Poder Ejecutivo con aval legislativo. También se habilita el pago en cuotas de sentencias judiciales: hasta seis cuotas para grandes compañías y hasta doce para MiPyMEs y empleadores individuales. En materia de antigüedad, si pasan más de tres años entre el cese de la relación laboral y el reingreso del trabajador al mismo empleador, el período anterior no será computado.
La reforma introduce además cambios en casos de enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo. Si la situación deriva de una conducta voluntaria y riesgosa, el trabajador percibirá el 50% del salario básico durante tres meses —o seis si tiene personas a cargo—. Si no hubo conducta riesgosa, el porcentaje será del 75% en iguales plazos. En enfermedades crónicas, las recaídas solo se considerarán nuevos episodios si transcurren más de dos años entre una y otra. El empleador, a su vez, podrá reforzar controles y juntas médicas.
En cuanto a las vacaciones, deberán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, aunque podrán tomarse fuera de ese período si existe acuerdo entre las partes. El empleador deberá informar la fecha con al menos 30 días de anticipación y se habilita la posibilidad de fraccionar el descanso, siempre que cada tramo tenga un mínimo de siete días consecutivos. También se incorpora la opción de acordar un banco de horas para compensar horas extraordinarias, siempre por escrito, con carácter voluntario y respetando los descansos mínimos legales.
El proyecto establece que el registro laboral ante ARCA será suficiente, sin que otras autoridades puedan exigir requisitos adicionales, y habilita la digitalización de los libros laborales con plena validez legal. Asimismo, redefine los beneficios sociales no remunerativos, como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares o capacitación.
En materia de incentivos, se crean el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL), orientado a la capacitación y reconversión, y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), destinado a fomentar inversiones productivas y expansión empresarial. También se prevé una reducción de cargas sociales para facilitar nuevas contrataciones y se establece que los convenios de empresa provinciales podrán prevalecer sobre convenios nacionales.
Con estos cambios, la reforma laboral propone una reconfiguración amplia del sistema vigente. Los distintos sectores advierten que su impacto dependerá de la reglamentación y de cómo se aplique en la práctica. El debate, lejos de cerrarse con la media sanción, recién comienza.
