El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por asociación ilícita, fraude contra la administración pública y presunto cobro de sobornos. La medida alcanza a otras 18 personas, entre exfuncionarios y empresarios vinculados al sector farmacéutico.
Entre los procesados se encuentran Daniel Garbellini, quien fue segundo en la conducción del organismo, y los empresarios Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados por su cercanía con droguerías que resultaron ampliamente beneficiadas en contrataciones públicas.
La investigación judicial reconstruyó un presunto entramado que habría operado desde el interior del organismo para direccionar licitaciones y compulsas de precios, reduciendo la competencia y favoreciendo a proveedores predeterminados. De acuerdo con el expediente, en 21 compulsas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, dos firmas concentraron más del 93% de las adjudicaciones, por un monto superior a los 30 mil millones de pesos.
Los peritajes realizados desde septiembre permitieron recuperar comunicaciones eliminadas y registros audiovisuales que aportarían indicios sobre pagos indebidos. También se detectaron incrementos de precios considerados injustificados en medicamentos esenciales, con diferencias millonarias entre procesos de compra abiertos y compulsas reducidas.
Uno de los casos más llamativos fue el de un medicamento adjudicado en noviembre de 2024 que, en cuestión de días, registró un aumento superior al 1.900% en su valor. Situaciones similares se verificaron en otras adquisiciones, con sobreprecios significativos respecto de los valores abonados en procesos generales.
La causa también involucra a otros exfuncionarios y empleados del organismo, así como a operadores externos que habrían intervenido en el manejo del sistema informático de contrataciones para garantizar adjudicaciones específicas. Según la investigación, existía una estructura paralela que coordinaba pagos, acceso a información sensible y decisiones administrativas.
Miguel Calvete, uno de los procesados, se encuentra detenido por una condena previa dictada por el Tribunal Oral Criminal N° 8 en 2019 por explotación económica del ejercicio de la prostitución.
Para la fiscalía, la evidencia reunida muestra que la ANDIS habría funcionado durante un período prolongado como un esquema organizado para obtener beneficios económicos mediante el direccionamiento de compras públicas de medicamentos destinados a personas con discapacidad. La investigación continúa y no se descarta que puedan surgir nuevas responsabilidades.
