Llaryora avanza sobre la Justicia provincial y reconfigura el Ministerio Público Fiscal con un acuerdo con la UCR

El gobernador Martín Llaryora decidió mover piezas clave en el tablero judicial de Córdoba y avanzar en el control efectivo del Ministerio Público Fiscal (MPF), un organismo atravesado por fuertes internas. Este martes ingresaron a la Legislatura provincial los pliegos que formalizan una profunda reconfiguración de cargos estratégicos, acompañada por un acuerdo político con la Unión Cívica Radical (UCR).

Uno de los cambios centrales es la designación de la actual fiscal General Adjunta, Bettina Croppi, como Procuradora Penitenciaria, un cargo recientemente creado que la equipara en jerarquía a un vocal del Tribunal Superior de Justicia y le otorga el control del funcionamiento del sistema carcelario provincial. Croppi había llegado a la Fiscalía General impulsada por Alejandra Vigo.

Para cubrir el lugar que deja Croppi, Llaryora desplazará a Néstor Gómez, uno de sus abogados de máxima confianza, quien dejará el cargo de defensor General Adjunto para asumir como fiscal General Adjunto. Gómez integra desde hace años la denominada “mesa judicial” del gobernador y lo acompaña en la función pública desde 2008, cuando Llaryora era intendente de San Francisco.

La avanzada del Ejecutivo se consolidó además con la aprobación legislativa del pliego de Carlos Lezcano como próximo fiscal General, cargo que asumirá en marzo cuando finalice el mandato de Juan Manuel Delgado. Lezcano, quien llegó a la Justicia provincial durante el gobierno de José Manuel de la Sota, reconoció que Llaryora le encomendó la tarea de apaciguar la interna dentro de la Fiscalía, una admisión que expuso el delicado clima interno del organismo.

Antes, el gobernador ya había designado como fiscal General Adjunto a Alejandro Pérez Moreno, otro abogado de su confianza. De esta manera, los funcionarios promovidos por Llaryora pasarán a ser mayoría dentro del MPF, desplazando a los referentes del delasotismo y el schiarettismo, como Héctor “Chirola” y José Gómez Demmel.

La nueva conducción no está exenta de tensiones: Lezcano mantiene una histórica enemistad con Pérez Moreno, que tuvo su punto más alto durante la investigación por el asesinato de Blas Correas, cuando ambos protagonizaron un fuerte cruce público desde sus respectivos roles judiciales.

Con este escenario, Llaryora también quedará en condiciones de designar a otro hombre de su extrema confianza en el Ministerio Público de la Defensa, donde suena el nombre de Jorge Folloni, exfuncionario municipal y actual titular del Tribunal Administrativo Ambiental.

En paralelo, la Procuración Penitenciaria, creada el 11 de diciembre en medio de polémicas, tendrá una estructura que refleja el nuevo equilibrio político. Además de Croppi, fueron postulados como adjuntos el fiscal Iván Rodríguez, la abogada Guadalupe Trillo, de estrecha confianza del gobernador, y la radical María Florencia Degano, actual subdirectora de Asuntos Legales del Tribunal de Cuentas. 

La postulación de Degano fue leída como parte de un acuerdo con la UCR y generó impacto dentro del propio Tribunal de Cuentas. Finalmente, Melani Mattia, cercana al esquema judicial del gobernador, fue propuesta como secretaria Técnica de la Procuración Penitenciaria.

Con estos movimientos, Llaryora no solo fortalece su influencia sobre el sistema judicial provincial, sino que también consolida alianzas políticas clave, en un contexto de creciente disputa por el control institucional y de cuestionamientos sobre la independencia de los organismos judiciales.