La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió avanzar con una doble estrategia judicial para intentar frenar la implementación de la reforma laboral aprobada la semana pasada por el Senado. La decisión, tomada durante el fin de semana, implica presentar recursos tanto en el fuero del trabajo como en el contencioso administrativo federal, con el objetivo de ampliar el margen de acción y evitar que la norma entre en plena vigencia.
El diseño de esta ofensiva responde a un análisis político y jurídico que combina antecedentes recientes y el nuevo escenario institucional. A diferencia de lo ocurrido con el DNU 70, cuya aplicación en materia laboral fue parcialmente suspendida por la Justicia, esta vez se trata de una ley sancionada por el Congreso, lo que otorga mayor respaldo formal a la norma y obliga a la central sindical a fundamentar con mayor precisión los planteos de inconstitucionalidad.
En ese marco, la CGT considera que distintos artículos vulneran principios constitucionales vinculados al derecho del trabajo, en especial aquellos relacionados con la protección contra el despido arbitrario, la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Uno de los ejes más sensibles del planteo es la regulación de los servicios mínimos en actividades consideradas esenciales o trascendentales, que fija porcentajes obligatorios de funcionamiento aun en contextos de medidas de fuerza.
Mientras tanto, desde el Gobierno nacional ya trabajan en la estrategia para defender la constitucionalidad de la ley en tribunales y evitar que una medida cautelar frene su aplicación, como ocurrió meses atrás con el capítulo laboral del DNU.
La confrontación judicial aparece así como el próximo capítulo de la disputa por la reforma. Con una ley ya promulgada y en proceso de instrumentación, la CGT apuesta a que la vía judicial se convierta en el terreno decisivo para discutir los límites constitucionales de los cambios impulsados en el régimen laboral argentino.
