El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa introduce nuevas restricciones y suma requisitos adicionales. De este modo, plantea cambios relevantes en el acceso a los beneficios.
El texto, titulado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, propone modificaciones sustanciales a la legislación vigente. Entre ellas, incorpora limitaciones para los beneficiarios. También redefine los criterios necesarios para acceder a la ayuda estatal.
En esa línea, el proyecto establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica. Además, tendrán que presentar información sobre su situación socioeconómica y antecedentes laborales.
A su vez, se prevé un proceso de fiscalización de las solicitudes de pensión mediante el cruce de datos entre la ANSES, ARCA y el SINTyS. En caso de detectarse incompatibilidades o inconsistencias, se podrá suspender la pensión de forma preventiva. Esta medida apunta a reforzar los controles sobre el otorgamiento del beneficio.
Por último, el nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio. Asimismo, elimina la facultad del Poder Ejecutivo para otorgar aumentos por invalidez laboral. De esta manera, se establecen nuevas condiciones en la actualización de estos ingresos.
