El Gobierno nacional decidió avanzar con un proyecto de reforma electoral de amplio alcance, aun sin contar con los respaldos necesarios en el Congreso. La iniciativa, elaborada en la Casa Rosada, busca introducir cambios de fondo en el sistema político con el argumento de reducir costos y adecuar las reglas a las demandas sociales.
Entre los puntos centrales figura la eliminación de las elecciones primarias. En el oficialismo consideran que las PASO implican un gasto elevado —estimado en unos 200 millones de dólares— y las definen como una “gran encuesta nacional”. Sin embargo, varios gobernadores, especialmente de la oposición, rechazan la idea de suprimir esa instancia clave para definir candidaturas.
El proyecto también apunta a endurecer las condiciones para la existencia de partidos políticos. Se prevé elevar los requisitos de afiliación y desempeño electoral, incorporar mecanismos biométricos para validar apoyos y exigir presencia en al menos diez provincias para obtener reconocimiento nacional. Además, las fuerzas que no alcancen un mínimo de votos en elecciones consecutivas podrían perder su personería.
Otro eje del paquete es la modificación del financiamiento político, con menor participación estatal y nuevas reglas para aportes privados. A esto se suma la inclusión de la denominada “Ficha Limpia”, que impediría competir a personas con condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia, y la propuesta de suspender la elección directa de representantes al Parlasur.
La iniciativa también contempla que los debates presidenciales dejen de ser obligatorios y pasen a ser optativos. El oficialismo aspira a discutir el proyecto en las próximas semanas, en un escenario atravesado por negociaciones con bloques opositores y mandatarios provinciales, donde aún no están asegurados los votos necesarios.
