Agost Carreño acusó al Gobierno de bloquear información y cuestionó la política penitenciaria

El legislador provincial y presidente del bloque del PRO, Oscar Agost Carreño, lanzó fuertes críticas al Gobierno de Córdoba por el manejo de la situación en el complejo penitenciario de Bouwer, donde fallecieron dos mujeres privadas de su libertad. El dirigente denunció un ocultamiento de información por parte del oficialismo, luego de que la Legislatura rechazara un pedido de informes destinado a esclarecer lo ocurrido.

Agost Carreño remarcó la necesidad de conocer con precisión las causas de las muertes y el funcionamiento de los protocolos estatales ante una situación de emergencia. Según trascendió, los hechos se habrían originado en una riña que derivó en un incendio dentro de una celda, en un contexto marcado por presuntas falencias en las condiciones de seguridad y la respuesta institucional.

En ese marco, el legislador cuestionó el rol del Estado provincial en el sistema penitenciario y sostuvo que la falta de respuestas agrava la gravedad del episodio. También vinculó el caso con la reciente creación de la Procuraduría de Control de Cárceles, a la que definió como una estructura burocrática que no resuelve los problemas de fondo y que, a su entender, forma parte de una estrategia para ampliar la influencia del oficialismo en el ámbito judicial.

Si bien valoró que la oposición haya logrado frenar que esos cargos fueran vitalicios o incluyeran jubilaciones de privilegio, advirtió que el Gobierno Provincial avanza en el control del Poder Judicial mientras limita las herramientas de control político, como los pedidos de informes sobre el estado de las cárceles.

Agost Carreño puso especial énfasis en la situación de las cárceles de mujeres, donde la menor cantidad de internas provoca la convivencia de perfiles de distinta peligrosidad, incrementando los niveles de conflictividad. 

Más allá del tema penitenciario, el legislador también cuestionó la agenda legislativa de fin de año, en la que el oficialismo concentró debates sensibles como la reforma previsional, el Presupuesto y los nombramientos judiciales. Advirtió sobre la intención de avanzar con pliegos vinculados a la nueva Procuraduría entre las fiestas, lo que según planteó reduce el debate público y parlamentario.

En relación con la reforma previsional, sostuvo que los cambios introducidos son insuficientes y no abordan el problema estructural de la Caja de Jubilaciones, cuyo déficit atribuyó a más de dos décadas de gestión peronista. En ese sentido, anticipó que 2026 será un año de fuertes discusiones legislativas, con proyectos orientados a una reforma de fondo del sistema.

Adelantó que la agenda del próximo año también incluirá iniciativas vinculadas a seguridad y convivencia urbana, como regulaciones sobre cuidacoches, limpiavidrios, fiestas clandestinas y el uso de radares fijos con criterios preventivos. En ese marco, insistió en que la Legislatura debe recuperar su rol central de control del Ejecutivo y de debate de políticas públicas que impacten directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía.