Llaryora y la Mesa de Enlace acordaron medidas para aliviar la crisis del sector agropecuario

El gobernador Martín Llaryora y el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, mantuvieron una reunión con representantes de la Mesa de Enlace rural este miércoles.

Según el Gobierno provincial, este encuentro formó parte de las reuniones periódicas donde se abordó la compleja situación del sector agropecuario, afectado por las retenciones, los bajos precios internacionales, la inestabilidad cambiaria y las condiciones climáticas adversas que amenazan los rendimientos de las cosechas.

Entre los participantes estuvieron Guillermo Vitelli y Sebastián Laborde (Sociedad Rural Argentina), Patricio Kilmurray y Federico Proietti (Cartez), Agustín Pizichini y José Luis Careggio (Federación Agraria Argentina), y Gustavo Gaigh (Coninagro).

Una de las principales conclusiones del encuentro fue reafirmar el pedido al Gobierno Nacional, liderado por Javier Milei, para eliminar las retenciones y aliviar la carga fiscal sobre el campo.

Durante la reunión, el gobierno provincial destacó que el 94% de los impuestos que pagan los productores rurales en Córdoba son nacionales, mientras que solo el 4% corresponde a tributos provinciales, destinados casi en su totalidad a obras en el sector agropecuario, y el 2% restante son tasas municipales.

La reunión también coincidió con un encuentro nacional de la Mesa de Enlace, realizado en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), donde se solicitó una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para discutir medidas urgentes en apoyo al campo.

Medidas anunciadas por la Provincia

Tras el encuentro, el Gobierno de Córdoba presentó medidas para apoyar a los productores en este contexto crítico. Una de ellas es el diferimiento fiscal del Impuesto Inmobiliario Rural por seis meses, con posibilidad de extensión, para aquellos que acrediten problemas económicos o productivos mediante una declaración jurada.

Estas solicitudes serán gestionadas a través de las entidades rurales y evaluadas por una Comisión de Trabajo del Ministerio de Bioagroindustria.

Además, se estableció un tope en el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural, equiparado al del Inmobiliario Urbano (173% a octubre del año pasado, según el RIPTE). Para categorías con incrementos mayores, la diferencia será diferida por seis meses y podría extenderse si las condiciones críticas persisten o si no se eliminan las retenciones.

El gobierno provincial anunció también que destinará $251 mil millones del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), equivalente al 98% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural de 2025, para obras de infraestructura y mantenimiento de caminos rurales.

Otro tema discutido fue el cobro de guías para el traslado de hacienda. Se decidió llevar este reclamo a la Mesa Provincia-Municipios con el objetivo de eliminar esta tasa en localidades donde aún se aplica, aunque su resolución dependerá de gestiones políticas específicas.

Al cierre, Llaryora resaltó la importancia de trabajar en conjunto con el sector privado para defender los intereses de Córdoba. Desde la Provincia reafirmaron su compromiso con el agro, considerado un eje central de la economía cordobesa.