La Municipalidad de Córdoba presentó este domingo 8 de marzo una denuncia penal por los problemas que afectan al transporte público operado por la empresa FAM, que dejó sin servicio a los vecinos de la ciudad. La interrupción alcanza principalmente a los corredores 2, 5 y 7, así como a las líneas 600 y 601.
En el escrito judicial, el municipio manifestó además su intención de constituirse como querellante particular, en su carácter de “ofendida penal” por los hechos registrados, sumándose así al proceso legal.
El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, aseguró que la situación no responde a inconvenientes operativos, sino que se trata de “un sabotaje directo contra los cordobeses” y de una maniobra extorsiva que deja a miles de vecinos sin transporte. Fernández señaló que la instrucción del intendente Daniel Passerini es “aplicar las sanciones más severas previstas en la normativa vigente”.
“Nuestra prioridad es que el servicio se restablezca de inmediato. Estamos trabajando con equipos técnicos y legales para garantizar la salida de las unidades. No permitiremos que los intereses de unos pocos afecten el derecho de todos a circular”, concluyó el funcionario.
