La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa generando repercusiones políticas e institucionales. En las últimas horas, concejales de distintos espacios de la oposición presentaron pedidos de informes para conocer detalles sobre la situación administrativa del bar Wachitas, establecimiento ubicado en calle Ituzaingó que fue clausurado por el municipio tras detectarse graves irregularidades.
La medida fue adoptada por el Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba luego de una serie de allanamientos relacionados con la causa judicial que investiga el crimen de la adolescente. El local quedó bajo la lupa debido a los vínculos entre algunas de las personas involucradas en la investigación y el establecimiento.
Entre ellas se encuentra Soledad Andreani, empleada del bar y propietaria del vehículo que, según la investigación, habría sido utilizado para trasladar los restos de la víctima. La mujer fue detenida e imputada por encubrimiento agravado. Además, habría mantenido una relación con Claudio Barrelier, señalado como el principal sospechoso del femicidio.
Frente a este escenario, concejales de la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico, sectores libertarios, la izquierda y otros bloques opositores solicitaron información sobre las habilitaciones, clausuras y responsables legales del comercio.
El concejal de la UCR, Sergio Piguillem, explicó que una de las principales inquietudes está relacionada con la promoción oficial del local como espacio para espectáculos musicales, pese a que la habilitación registrada correspondería únicamente al expendio de bebidas.
Según detalló el edil, el pedido también apunta a esclarecer quiénes son los responsables del establecimiento, información que, aseguró, no fue brindada por el municipio. Además, cuestionó que el bar haya recibido una nueva habilitación el pasado 2 de junio y que pocas horas después fuera clausurado por presuntas fallas en las condiciones de seguridad.
Desde la oposición sostienen que existe una falta de transparencia en torno al funcionamiento del local y reclaman que el Ejecutivo municipal aporte toda la documentación correspondiente. También solicitaron la presencia de autoridades del Ente de Fiscalización y Control en el Concejo Deliberante para brindar explicaciones sobre los procedimientos realizados.
Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación judicial y el pedido de informes presentado por los distintos bloques espera una respuesta oficial que permita despejar las dudas planteadas sobre el establecimiento y su vinculación con una de las causas más conmocionantes de los últimos meses en Córdoba.
