Detenciones arbitrarias de la policía, avanza causa contra Gobierno Provincial

El escenario planteado en la demanda, da cuenta de jornadas que terminaron con casi 500 personas detenidas, los días 2,3, 22 y 23 de mayo de 2015. Eran tiempos de Código de Faltas, fue todo en la zona sur.

A raíz de esa intervención judicial, después el Juzgado Civil y Comerial N° 1 ordenó inscribir a la causa como “acción colectiva” (permiten defender derechos de muchos afectados). La demanda la habían presentado la Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba (Clip) y La Poderosa.

Ambas organizaciones entablaron luego una demanda por daños y perjuicios y daño moral colectivo en contra del Gobierno de la Provincia, con el objeto de lograr medidas reparadoras como el pago a cada uno de los afectados, certificado de antecedentes libre de antecedentes.

Con el antecedente comprometedor de que los propios policías manifestaron en varias oportunidades que les ordenaban cumplir con un “colchón” de detenidos, el mismo juzgado resolvió el 4 de marzo último que debe notificarse en diferentes medios de prensa locales la posibilidad de que los integrantes del colectivo puedan demandar en forma individual, si así lo desean.

La resolución judicial dice: “(...) Póngase en conocimiento de los demás integrantes del colectivo ausentes que conservan su derecho, autonomía y potestad de demandar en forma individual o de solicitar su exclusión de la clase o colectivo”, texto firmado por el juez Miguel Martínez Conti.

Allí mismo establece que el costo de dicha publicidad debía ser “afrontada por la demandada”.

Sin embargo, el Gobierno cordobés apeló esa decisión y el juez, aunque de manera parcial, le dio la razón.

“Lamentablemente, la Provincia se empeña desde hace dos años en aletargar este proceso y poner todos los obstáculos a su alcance en el avance hacia la justicia para los jóvenes. La Provincia apeló y se negó a correr tanto con los costos económicos como con los costos de diligenciamiento. Por eso estamos pidiendo ayuda a los medios para que la resolución del juez que ordena la publicidad del caso sea conocida”, dice Mariela Puga, investigadora del Conicet y miembro de la Clip.

Fuente: Edgardo Litvinoff – La Voz del Interior.

Foto ilustrativa – La Voz del Interior.