A partir de este lunes 1 de marzo, la ciudad de Córdoba pone en marcha el Sistema Integral de Flagrancia (SIF). Esta reforma judicial busca transformar la respuesta ante delitos cometidos en el acto, garantizando procesos más rápidos y efectivos para fortalecer la seguridad pública en toda la capital provincial.
El corazón de la reforma es la creación de la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFF), compuesta por nueve fiscales especializados. Estos funcionarios trabajarán de forma coordinada con la Defensa Pública y juzgados de control reorganizados para resolver casos urgentes. El objetivo central es reducir los tiempos de espera y evitar la burocracia en las detenciones iniciales.
Para agilizar los traslados, la ciudad se dividirá operativamente en Sedes Norte y Sur. Los aprehendidos serán derivados a la ex comisaría 13 o a Tribunales 2, dependiendo del lugar donde ocurrió el ilícito. De esta manera, los patrulleros policiales recorrerán distancias menores y volverán rápidamente a las calles para tareas de prevención.
Un cambio fundamental es la atención especializada para niñas, niños y adolescentes (NNA) en la Sede Norte. Este espacio fue acondicionado exclusivamente para el resguardo de menores mientras se define su situación legal bajo estándares internacionales. Se busca proteger la integridad de los jóvenes involucrados en procesos penales desde el primer momento.
El sistema también garantiza el acceso temprano a la defensa técnica apenas el imputado sea identificado. Los abogados, tanto públicos como privados, asistirán a los detenidos de manera inmediata tras los controles médicos de rigor. Esta medida asegura la transparencia y el cumplimiento de los derechos constitucionales en el proceso.
El modelo apuesta por la oralidad y celeridad procesal para resolver conflictos de forma temprana y pública. Se priorizarán las soluciones de justicia restaurativa, como juicios abreviados o suspensiones de proceso a prueba con reparación a las víctimas. Así, se pretende dar una respuesta proporcional al daño causado sin saturar el sistema carcelario.
Finalmente, la gestión será monitoreada mediante un nuevo sistema informático y un manual de procesos estandarizados. Esta herramienta digital permitirá evaluar el desempeño de los fiscales y jueces en tiempo real para optimizar la toma de decisiones. La digitalización total de los oficios y sentencias asegura un control de calidad permanente sobre el servicio de justicia.
