La Fiscalía pidió llevar a juicio a 11 funcionarios por el encubrimiento del crimen de Blas Correas

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2ª Nominación, a cargo del fiscal Franco Mondino, requirió la citación a juicio de 11 funcionarios públicos imputados por distintos delitos vinculados a la actuación posterior al homicidio de Valentino Blas Correas, ocurrido el 6 de agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba.

Entre los acusados se encuentran el exministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Fernando Mosquera; el exsubsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad, Lucas Sebastián Mezzano, actualmente integrante del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad; y el excomisario mayor Gonzalo Leonardo Cumplido, quien al momento de los hechos se desempeñaba como Subdirector General de Seguridad de la Policía de Córdoba.

La investigación se originó a partir de la sentencia dictada por la Cámara Octava del Crimen, que juzgó el homicidio de Blas Correas y ordenó remitir antecedentes para que se investigara la posible responsabilidad penal de distintos funcionarios públicos. A partir de ello, la Fiscalía en lo Penal Económico dio inicio a una investigación penal preparatoria que concluyó con el requerimiento de elevación a juicio por cinco hechos.

El primer hecho involucra a siete efectivos policiales: Norberto González, Emmanuel Alejandro Fachisthers, Natalia Soledad Márquez, Melisa Janet Escalante, Ezequiel Daniel Eduardo Henot, Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emanuel Toloza. Quienes deberán responder como autores del delito de abuso de autoridad. Según la acusación, durante el control vehicular realizado en la intersección de avenida Chacabuco y Corrientes, omitieron resguardar la vida de Blas Correas, no le brindaron asistencia médica e impidieron su traslado al Hospital de Urgencias, incumpliendo así la misión primordial de la Policía establecida en la Ley de Seguridad Pública provincial.

El segundo hecho también se sitúa en el mismo procedimiento policial. La oficial principal Natalia Soledad Márquez fue citada a juicio por el delito de lesiones leves calificadas, tras haberle propinado dos patadas en el tobillo derecho a Camila María Toci, quien viajaba en el mismo vehículo que la víctima, durante un palpado preventivo.

En el tercer hecho, el excomisario mayor Gonzalo Leonardo Cumplido deberá enfrentar un juicio como autor del delito de encubrimiento por omisión de denuncia agravada. La Fiscalía sostiene que Cumplido tomó conocimiento, en la madrugada del homicidio, del plantado de un arma de fuego en la escena del crimen con el objetivo de desviar la investigación, y que, pese a ello, omitió denunciar el hecho, incumpliendo su obligación legal.

El cuarto hecho compromete a la cúpula política del Ministerio de Seguridad de aquel entonces. El exministro Alfonso Mosquera fue imputado como autor del delito de presentación u ofrecimiento de dádivas, mientras que Lucas Sebastián Mezzano lo fue como partícipe necesario. A su vez, Cumplido deberá responder por admisión de dádivas. De acuerdo con la acusación, Mosquera le habría ofrecido y entregado a Cumplido un vehículo Toyota Corolla, junto con el pago del seguro y combustible, maniobra que se concretó con la intervención de Mezzano, en el contexto de las derivaciones políticas y judiciales del caso Blas Correas, catalogado como un hecho de “gatillo fácil”.

El quinto hecho tiene como imputado al comisario mayor retirado Víctor Rubén Di Stéfano, exdirector del Centro de Comunicaciones y Videovigilancia de la Policía de Córdoba, quien deberá responder por abuso de autoridad. Se le reprocha haber autorizado el ingreso de personal jerárquico ajeno al área a la sala de videovigilancia para observar imágenes vinculadas al homicidio, en violación a la ley que regula el uso de videocámaras destinadas a la seguridad ciudadana.

En paralelo, el fiscal Mondino dispuso el archivo de tres de los ocho antecedentes remitidos por la Cámara Octava del Crimen. Uno de ellos estuvo relacionado con la actuación de la entonces directora de Recursos Humanos de la Policía, Liliana Rita Zárate Belletti, y la supuesta omisión en la supervisión de la formación del cabo Javier Catriel Alarcón. La Fiscalía concluyó que, al momento de los hechos, la normativa vigente no obligaba a la retención del arma reglamentaria por reprobar una materia del curso de ascenso.

También se archivó la investigación contra dos funcionarios policiales por la presunta falta de contención psicológica a las víctimas y familiares, al no existir normativa ni estructuras institucionales que impusieran dicha obligación. El tercer archivo respondió a la aplicación del principio de non bis in ídem, al tratarse de hechos ya investigados y sobreseídos en otra causa.

Finalmente, continúa pendiente de resolución ante el Tribunal Superior de Justicia una causa por el delito de violación de medios de prueba que involucra a siete policías, imputación formulada en junio de 2024 y actualmente cuestionada por la defensa de una de las acusadas.