El Gobierno nacional avanza con un proyecto para derogar la ley de etiquetado frontal y eliminar los octógonos negros de los envases de alimentos. La iniciativa propone dejar sin efecto en su totalidad la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. La medida ya genera fuertes repercusiones en distintos sectores.
La decisión del Ejecutivo reavivó el debate sobre el rol del Estado en materia de salud pública. Desde organizaciones vinculadas a la salud y asociaciones de consumidores advierten sobre posibles consecuencias negativas. Señalan que la eliminación de la norma implicaría un retroceso en el acceso a información clara para los ciudadanos. También alertan sobre el impacto que podría tener en los hábitos de consumo.
La Ley de Etiquetado Frontal había sido aprobada en 2021 tras un extenso debate en el Congreso. Contó con el respaldo de sociedades científicas, especialistas en nutrición y organismos internacionales. Su objetivo principal era advertir sobre excesos de azúcares, grasas y sodio en productos alimenticios. Además, buscaba promover decisiones de consumo más informadas.
Desde la Casa Rosada, en tanto, cuestionan el funcionamiento del sistema vigente. Sostienen que el esquema actual es demasiado rígido y no permite reflejar mejoras graduales en la composición de los productos. Según el oficialismo, esta lógica desalienta a las empresas a reformular sus alimentos. También consideran que no distingue adecuadamente entre distintas calidades nutricionales dentro de una misma categoría.
El Gobierno también apunta contra las restricciones en materia de publicidad y comunicación comercial. Afirma que las limitaciones impuestas por la ley afectan actividades económicas. En ese sentido, sostienen que las empresas ven condicionadas sus estrategias de comercialización. Para el Ejecutivo, estas regulaciones resultan desproporcionadas.
El proyecto enviado al Congreso plantea la necesidad de establecer normas más equilibradas. La intención es avanzar hacia un esquema que combine la protección del consumidor con el desarrollo productivo. Desde el oficialismo aseguran que existen alternativas menos restrictivas para cumplir con los objetivos sanitarios. Buscan así generar un marco más flexible para la industria alimentaria.
En esa línea, el Ejecutivo remarca que toda regulación debe respetar criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Considera clave evaluar mecanismos que permitan alcanzar metas de salud pública sin afectar el normal funcionamiento del mercado. También insiste en garantizar condiciones que no perjudiquen la actividad comercial. El debate recién comienza y promete una fuerte discusión en el ámbito legislativo.
