El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto de ley para derogar por completo la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como la ley de etiquetado frontal. La iniciativa, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, enfrenta un escenario de alta incertidumbre parlamentaria. A pesar del impulso oficial, la oposición dialoguista en la Cámara alta recibió el proyecto con marcado escepticismo y evitó confirmar una fecha de tratamiento.
Desde la Casa Rosada sostienen que el actual sistema de octógonos negros posee una estructura binaria que impide diferenciar perfiles nutricionales diversos. Según el oficialismo, este esquema no refleja las mejoras graduales que las empresas realizan en sus productos, desincentivando así la reformulación de los alimentos. Además, consideran que las restricciones vigentes en materia de publicidad y comunicación comercial representan limitaciones desproporcionadas sobre actividades económicas lícitas.
El texto enviado al Senado enfatiza que toda regulación de salud pública debe cumplir con criterios de razonabilidad. El Gobierno busca implementar alternativas menos restrictivas que protejan al consumidor sin entorpecer el desarrollo del sector productivo. De esta manera, pretenden avanzar hacia un entorno comercial que no asfixie las estrategias de las empresas del rubro alimentario.
Otro punto central del proyecto es el impacto económico negativo que la normativa actual genera sobre las Pequeñas y Medianas Empresas. El Ejecutivo argumenta que las pymes enfrentan costos fijos de adecuación muy elevados al tener que rediseñar envases y gestionar nuevos stocks. Según el Gobierno, estas asimetrías regulatorias terminan favoreciendo la concentración del mercado en manos de grandes corporaciones.
Por otro lado, los bloques de la oposición ya adelantaron que no existe urgencia para tratar este tema en el corto plazo. Los legisladores exigirán estudios técnicos y científicos sólidos que justifiquen una medida de tal magnitud antes de avanzar en comisiones. Argumentan que existen otras iniciativas de mayor relevancia institucional, como la reforma política, que deben priorizarse en la agenda del Senado.
