A través de la Resolución 28/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decidió eliminar los subsidios que garantizaban pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. La medida, dictada por la Secretaría de Transporte, pone fin al sistema de compensaciones que permitía a los sectores más vulnerables viajar sin costo en servicios de larga distancia. A partir de ahora, el Estado se desentiende de estos pagos, argumentando que las empresas ya cuentan con plena libertad para fijar sus propias tarifas.
El mecanismo vigente hasta hoy permitía que las empresas transportistas otorgaran boletos sin cargo a los sectores protegidos, recibiendo luego un reembolso parcial por parte del Estado nacional. Con la nueva normativa, este esquema de compensaciones queda formalmente sin efecto para todo el transporte automotor interjurisdiccional. El Gobierno justificó la decisión señalando que, al haber desregulado el sector, la intervención estatal en estos costos resulta ahora innecesaria.
La resolución sostiene que las empresas pueden determinar libremente sus recorridos, horarios, precios y modalidades de servicio. A pesar del impacto presupuestario para las familias, el Ejecutivo aclaró que la normativa no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad. Por lo tanto, el acceso a los viajes sigue siendo formalmente vigente y exigible para los usuarios, aunque sin la intermediación financiera del Estado.
La principal preocupación radica en cómo se garantizará efectivamente este derecho ante la ausencia de un subsidio que obligue a las empresas a absorber el costo. Aunque la resolución indica que los pasajes podrán seguir solicitándose, no se especificaron los mecanismos de control ni sanciones ante posibles negativas de las compañías. Los sectores afectados, que requieren frecuentemente estos traslados por motivos médicos, quedan en una situación de mayor fragilidad.
Este recorte se suma a otros cambios implementados por la gestión de Javier Milei respecto a las políticas de asistencia para grupos vulnerables. La eliminación de este beneficio de transporte marca un nuevo capítulo en el ajuste presupuestario que atraviesa la administración nacional. Mientras tanto, las familias aguardan precisiones urgentes sobre cómo será el procedimiento para viajar sin costo en un mercado de transporte totalmente desregulado.
