La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas medidas impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, orientadas a profundizar el análisis de su patrimonio.
El foco está puesto en reconstruir la evolución económica y laboral del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, desde el año 2012. El objetivo es establecer con precisión los ingresos que percibieron a lo largo del tiempo y contrastarlos con las declaraciones juradas presentadas, en busca de posibles inconsistencias y del origen de sus inversiones.
En ese marco, el fiscal solicitó a la Comisión Nacional de Valores información sobre operaciones vinculadas a activos digitales autorizadas en el país desde ese período. A su vez, requirió a la ANSES los registros de ingresos formales de ambos.
La pesquisa también se extiende al entorno familiar. Pollicita analiza datos relacionados con el patrimonio de su hermano, el diputado provincial por La Libertad Avanza, Francisco Adorni, para comparar antecedentes y movimientos económicos.
Entre las líneas centrales del expediente se destacan la trazabilidad de los fondos, las operaciones con criptomonedas y la sucesión de su padre, Jorge Adorni, fallecido en 2002. Este último punto cobra relevancia tras las declaraciones del funcionario, quien aseguró haber encontrado una suma considerable de dinero en un inmueble familiar que le permitió iniciar inversiones en bitcoins.
Asimismo, la fiscalía revisa los viajes realizados por Adorni y su familia, la compra de bienes que no habrían sido declarados —entre ellos una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en Caballito—, además de su nivel de endeudamiento.
De acuerdo a su declaración jurada de 2024, el funcionario informó haber recibido $10,2 millones por una herencia. Sin embargo, en la presentación del año siguiente ese monto fue elevado a $73 millones. También declaró tenencias en criptomonedas incorporadas a su patrimonio entre 2021 y 2023.
