El Poder Ejecutivo publicó el decreto reglamentario que establece cómo operará en la práctica la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada a fines de 2025 y vigente desde inicios de este año. La norma apunta a redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes en materia tributaria, prometiendo mayor seguridad jurídica para quienes declaren y tributen bajo las nuevas condiciones.
El corazón de la reglamentación es el denominado “blanqueo popular permanente” a través del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Este esquema permite a personas y empresas con patrimonio o ahorros no declarados integrarlos al sistema formal y utilizarlos sin que se revisen periodos fiscales pasados, siempre que tributen correctamente de aquí en adelante. El Gobierno argumenta que esto generará una importante inyección de liquidez en la economía.
Uno de los cambios más relevantes es la elevación de los umbrales a partir de los cuales la evasión se considera delito penal: la evasión simple pasa a partir de $100 millones, y la agravada a $1.000 millones. Asimismo, se modifican los plazos de prescripción y las reglas para la generación de informes de depósitos y transacciones bancarias, con umbrales más altos para las obligaciones de reportar al fisco.
El decreto también crea un blindaje jurídico —conocido como “tapón fiscal”— para quienes adhieran al régimen: las declaraciones juradas aceptadas y pagadas no podrán ser reabiertas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) salvo en casos de discrepancias significativas detectadas, un cambio que deja atrás la tradicional presunción de culpabilidad fiscal.
