El Gobierno reformó por DNU el sistema de inteligencia y redefinió el rol de la SIDE

El Gobierno Nacional oficializó una profunda reforma del sistema de inteligencia argentino a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que modifica de manera sustancial la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. La norma, publicada en el Boletín Oficial, redefine la estructura, las funciones y los mecanismos de coordinación de los organismos involucrados, con el objetivo de ordenar competencias, reducir superposiciones y adaptar el esquema a los nuevos desafíos tecnológicos y geopolíticos.

Uno de los cambios centrales es el fortalecimiento del rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que pasa a concentrar la conducción estratégica del sistema. A partir de la reforma, la SIDE será la encargada de coordinar y dirigir la producción de inteligencia estratégica a nivel nacional, consolidando un esquema más centralizado.

En ese marco, el decreto crea la Comunidad de Inteligencia Nacional, un ámbito permanente de articulación que reunirá a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional, las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y de seguridad federales, y otros organismos estatales con competencias específicas. Este espacio buscará mejorar la coordinación interinstitucional y evitar la fragmentación en la producción de información estratégica.

De manera complementaria, la norma establece la creación de la Comunidad Informativa Nacional, integrada por ministerios y organismos públicos que no producen inteligencia en sentido estricto, pero que aportan información relevante para el análisis estratégico. Entre ellos se encuentran áreas vinculadas a relaciones exteriores, justicia, seguridad, migraciones, registros públicos, energía nuclear y aduanas, entre otras. El objetivo es ampliar y sistematizar el flujo de información estatal hacia el sistema de inteligencia.

Otro eje relevante de la reforma es la separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. El DNU crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, que funcionará como organismo descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, y será la autoridad nacional en la protección del ciberespacio, las infraestructuras críticas y los activos digitales estratégicos. En paralelo, la hasta ahora Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, con un rol exclusivo en la producción de inteligencia en el ámbito digital.

En materia de seguridad estratégica, la norma redefine el enfoque de la contrainteligencia. La Agencia de Seguridad Nacional cambia su denominación por Agencia Nacional de Contrainteligencia y orienta sus funciones a la detección y análisis preventivo de amenazas como el espionaje, el sabotaje o la injerencia extranjera, evitando superposiciones con las tareas propias de la investigación criminal. Además, el decreto incorpora por primera vez una definición explícita de contrainteligencia en la ley y establece la obligación de aplicar medidas de seguridad pasiva en todo el Sector Público Nacional.

Finalmente, el DNU introduce modificaciones en el esquema de inteligencia militar. En ese sentido, dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y transfiere sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. La medida apunta a eliminar duplicaciones históricas y mejorar la eficiencia operativa del sistema.

Con esta reforma, el Gobierno busca reordenar el sistema de inteligencia, fortalecer los mecanismos de coordinación y control, y adecuar su funcionamiento a un escenario marcado por nuevas amenazas y una creciente complejidad en el plano digital y estratégico.