La senadora Patricia Bullrich comienza hoy una ronda de reuniones virtuales para destrabar el proyecto de reforma laboral en el Congreso nacional. Esta iniciativa, denominada "Modernización Laboral", es la prioridad de La Libertad Avanza para las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo. El Gobierno busca sancionar la norma en febrero y acelera las conversaciones con las provincias para asegurar la mayoría.
El ministro del Interior, Diego Santilli, lidera la negociación territorial para sumar adhesiones de los mandatarios provinciales esta semana. Actualmente, el oficialismo cuenta con el aval de ocho gobernadores y busca cerrar acuerdos con Corrientes y Misiones próximamente. El objetivo central de la Casa Rosada es consolidar un bloque de diez provincias que respalden el ajuste legislativo.
La estrategia conjunta entre el Senado y el Ministerio del Interior apunta a dividir el debate en bloques temáticos. De esta manera, el oficialismo pretende acelerar los tiempos de votación frente a la resistencia de la oposición dura. Entre los gobernadores que ya confirmaron su apoyo se encuentran referentes de Entre Ríos, Mendoza y Chaco, entre otros.
Los gremios y sindicatos denuncian que el proyecto incluye cambios regresivos que afectan de forma directa los derechos adquiridos. La propuesta contempla la ampliación del período de prueba, modificaciones en las indemnizaciones y la legalización del banco de horas. Además, la iniciativa sugiere la derogación de la Ley de Teletrabajo y restricciones al derecho de huelga.
La CGT manifestó un rechazo parcial, mientras que otros 20 sindicatos se declararon en estado de alerta permanente. Organizaciones como Aceiteros y la UOM preparan una jornada de protesta para el día del tratamiento en el recinto. Los referentes sindicales advierten que el nuevo esquema rompe la equidad entre empleadores y trabajadores de manera inconstitucional.
La presión sobre el conflicto aumenta debido a la caída real de los salarios frente a la inflación acumulada. Según datos del Indec, el sector privado registrado perdió al menos 2,3 puntos porcentuales de poder adquisitivo durante el último año. En el sector público la situación es más crítica, con subas salariales que no alcanzan a cubrir el costo de vida.
Hasta el momento, el oficialismo no ha convocado a los representantes de los trabajadores a una mesa de diálogo formal. La ausencia de consenso social y la velocidad del trámite parlamentario profundizan el malestar en las bases gremiales de todo el país. El clima de tensión crece mientras Bullrich y Santilli intentan sellar los últimos acuerdos para la votación definitiva.
