La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso de la defensa y dejó firme la condena a 5 años de prisión para el ex fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron inadmisible el planteo contra la sentencia dictada en Córdoba. El ex funcionario fue hallado responsable de tráfico de influencias y exacciones ilegales por cobrar sobornos para frenar investigaciones penales.
La investigación judicial desnudó un esquema delictivo montado en el corazón de la fiscalía federal mediante el uso de intermediarios. El fallo ratificado fue dictado originalmente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, integrado por los jueces María Noel Costa, Fabián Asís y Julián Falcucci. La sentencia demostró que Viaut operaba junto a su "mano derecha", un empleado judicial que actuaba como nexo para negociar los pagos ilegales.
El expediente judicial cuenta con pruebas contundentes basadas en escuchas telefónicas donde los involucrados utilizaban lenguaje cifrado. En las grabaciones, los condenados hablaban de llevar "chorizos con grasa" o preparar una "carneada grande" para referirse al dinero de las coimas. Estas evidencias demostraron un "verdadero negocio" basado en la manipulación de detenciones y la extorsión a investigados.
Antes de este fallo definitivo de la Corte, el Tribunal de Enjuiciamiento ya había removido a Viaut de su cargo de manera unánime en abril de 2023. El jury consideró que el funcionario violó el deber de observar "buena conducta", requisito fundamental para la estabilidad de los magistrados. Durante el proceso, se reveló incluso una estrategia de prensa para desprestigiar a la colega que lo investigaba originalmente.
La trayectoria de Viaut ya registraba controversias desde los años 90, cuando intervino en el caso Carrasco II. En aquel entonces, fue cuestionado por no avanzar en la investigación contra la cúpula del Ejército por el encubrimiento del asesinato del soldado. Hoy, aquel antecedente resuena frente a una condena definitiva que le impone además la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
