La Fiscalía General de Ecuador pide hasta 7 años de cárcel para Rafael Correa por corrupción

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Fiscalía indicó que “sobre la base de las pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas, se determinó que existió una estructura con niveles jerárquicos: líderes, coordinadores y beneficiarios, que utilizaba codificaciones y jerga criminal para el cometimiento del delito”, precisó la fiscal general del Estado Diana Salazar.

El expresidente Correa, también en su cuenta de Twitter dijo que le parece “increíble” a lo que se atreve la Fiscal del Estado e insistió en que no existen pruebas en su contra. Agregó que “felizmente lo único que supera su mala fe es su ineptitud”, refiriéndose a Salazar. Correa vive en Bélgica desde el 2017 tras haber finalizado su mandato.

Ahora Salazar nos acusa de “crimen organizado”, un delito DIFERENTE al de cohecho.
La prueba está en que tuve “ministros y secretarios”🤦🏻‍♀️
Cada vez que habla, despeja cualquier duda sobre su “capacidad” e “imparcialidad”
Que haga bien su canallada. Si falla, la presa será ella. https://t.co/JKrOQTWT2j

— Rafael Correa (@MashiRafael) March 5, 2020

"Ahora Salazar nos acusa de 'crimen organizado', un delito diferente al de cohecho. La prueba está en que tuve 'ministros y secretarios'. Que haga bien su canallada. Si falla, la presa será ella", dijo el exmandatario en su cuenta de Twitter. 

Además de Correa, el caso denominado “Sobornos 2012-2016” implica a otros 20 exfuncionarios y empresarios dentro de la trama de sobornos de Odebrecht en el país.

En enero, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, acogió el pedido de la fiscal Diana Salazar, quien acusó al expresidente Correa de liderar una estructura criminal para recibir dinero por parte de Odebrecht y otras empresas para su movimiento político a cambio de futuros contratos con el Estado.

Durante la investigación, la Fiscalía acusó al izquierdista Correa de liderar una "estructura jerárquica" para captar fondos de empresas contratistas del Estado por más de 7,5 millones de dólares para financiar algunas campañas electorales a cambio de la adjudicación contratos de obras de infraestructura.

Dijo además que pidió una reparación integral de 1.130 millones de dólares, disculpas públicas y la publicación de la sentencia en la prensa.

Rafael Correa negó las acusaciones y dijo que todo se trata de una persecución del actual presidente Lenín Moreno, su heredero político, quien tomó distancia con el exmandatario desde que llegó al poder en mayo del 2017.

Correa no ha dicho abiertamente si participará en una candidatura presidencial en 2021, pero frecuentemente habla sobre "recuperar la Patria", lo que podría verse perjudicado por una decisión judicial adversa.