España anunció que buscará prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años

El presidente del Gobierno español adelantó una iniciativa para limitar el acceso de menores a plataformas digitales, en el marco de un paquete de medidas sobre soberanía digital. El anuncio se realizó en una cumbre internacional y abrió un debate sobre el control y el impacto de las redes sociales.


3 feb, 2026
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Internacionales: España anunció que buscará prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que el país avanzará con una iniciativa para prohibir el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años, como parte de un conjunto de medidas destinadas a reforzar la soberanía digital y regular el funcionamiento de las redes sociales.

El anuncio fue realizado durante una cumbre internacional de gobiernos, donde el mandatario advirtió sobre el impacto que tienen estos entornos en la vida pública y privada. En ese contexto, sostuvo que las redes sociales se convirtieron en espacios donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”, y remarcó la necesidad de avanzar hacia plataformas más saludables y democráticas.

Entre las medidas previstas, el Gobierno español planteó la creación de sistemas para detectar la huella de odio y polarización en el entorno digital, así como el impulso de investigaciones sobre la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales, incluidos aquellos generados mediante inteligencia artificial.

Además, España se sumó a una coalición europea que busca acelerar la regulación de las redes sociales a nivel multinacional, con el objetivo de aplicar normas más estrictas y coordinadas. El debate se da en un contexto regional más amplio: Francia ya aprobó una ley que restringe el acceso de menores de 15 años a las redes sociales y limita el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas.

En paralelo, organismos europeos avanzan con investigaciones sobre la difusión de contenidos ilícitos en plataformas digitales, especialmente aquellos vinculados a la explotación y el abuso sexual infantil, lo que volvió a poner en el centro de la agenda el rol del Estado frente al impacto de las redes sociales en niños y adolescentes.



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