A pocos días del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, se pronunció sobre las repercusiones políticas generadas por la vinculación de Claudio Barrelier con la estructura municipal y admitió errores en los controles internos de la administración local.
El jefe comunal sostuvo que existieron fallas institucionales que permitieron que determinadas situaciones no fueran detectadas a tiempo y aseguró que, como máxima autoridad del municipio, le corresponde asumir la responsabilidad y tomar medidas concretas.
En ese contexto, remarcó que la gestión ya adoptó decisiones administrativas y políticas luego de que se conocieran los antecedentes vinculados al acusado del femicidio. Entre ellas, mencionó la desvinculación de funcionarios relacionados con las áreas cuestionadas.
Passerini indicó además que, tras la conmoción generada por el caso, recibió numerosas denuncias y consultas sobre empleados municipales con antecedentes penales. Según explicó, cada una de esas situaciones está siendo analizada para determinar si corresponde avanzar con nuevas medidas.
Al defender la política de control implementada por su gestión, destacó que durante su administración fueron apartados 119 trabajadores municipales y cuestionó a sectores de la oposición por utilizar políticamente el caso de Agostina Vega.
Como parte de las reformas que impulsa el Ejecutivo municipal, anunció el envío de un proyecto de ordenanza para exigir la presentación del certificado de antecedentes penales cada seis meses, en lugar de cada cuatro años. También adelantó que todos los empleados deberán someterse a controles de narcotest.
En relación con el exconcejal Ricardo Moreno, confirmó que fue él quien le solicitó que dejara su cargo luego de tomar conocimiento de los vínculos entre el dirigente y Barrelier. Asimismo, señaló que se revisarán otras situaciones vinculadas a familiares de funcionarios o dirigentes que se desempeñan en distintas áreas municipales.
Por otra parte, se refirió a Wachitas Bar, establecimiento relacionado con una mujer que habría facilitado el vehículo utilizado por Barrelier. El intendente informó que el local fue clausurado en tres oportunidades y que toda la documentación vinculada a esos procedimientos fue remitida a la Justicia para colaborar con la investigación.
Mientras avanza la causa por el femicidio de Agostina Vega, el municipio busca reforzar sus mecanismos de control y revisar posibles irregularidades dentro de su estructura administrativa, en medio de una creciente demanda de explicaciones por parte de la sociedad cordobesa.
