Legisladores de nueve bloques de la oposición presentaron este lunes dos pedidos de Jury de Enjuiciamiento contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón. Las solicitudes fueron ingresadas ante la Sala Acusadora del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Córdoba. En ambos casos, se los acusa por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Las presentaciones fueron impulsadas por representantes de la UCR, Frente Cívico, PRO, Valores Republicanos, La Libertad Avanza, Mejor Futuro, Construyendo Córdoba, Encuentro Vecinal Córdoba e Izquierda Socialista - FIT Unidad. Según indicaron, la iniciativa busca que se investiguen actuaciones judiciales en causas de alto impacto público. Además, remarcaron la necesidad de garantizar mecanismos de control institucional.
El pedido contra el fiscal Iván Rodríguez se centra en su intervención en la causa iniciada en 2025 contra Claudio Gabriel Barrelier. Los legisladores cuestionan la decisión de otorgarle la libertad bajo fianza sin considerar la peligrosidad del imputado. También señalan la falta de impulso para avanzar hacia una resolución definitiva del expediente.
En cuanto al fiscal Raúl Garzón, la denuncia apunta a su actuación en la investigación por la desaparición y femicidio de Agostina Vega. Entre los cuestionamientos, se mencionan demoras en la recepción de la denuncia y en la activación de la Alerta Sofía. Asimismo, se observan retrasos en el allanamiento al domicilio del principal sospechoso y otras decisiones adoptadas en las primeras horas de la búsqueda.
Los legisladores solicitaron que se abra una investigación que permita esclarecer lo ocurrido en ambos casos. Indicaron que será el Jurado de Enjuiciamiento el encargado de determinar eventuales responsabilidades. En ese marco, plantearon la necesidad de que se aporte “luz y claridad” a los hechos.
Finalmente, los firmantes sostuvieron que las presentaciones buscan fortalecer la transparencia en el funcionamiento del sistema judicial. Consideraron fundamental que las actuaciones de los funcionarios sean revisadas cuando existen cuestionamientos relevantes. De esta manera, afirmaron, se contribuye a consolidar la confianza pública en las instituciones.
