La Justicia Federal llevó adelante este miércoles un operativo certero al allanar el Tribunal de Cuentas de Córdoba. El procedimiento surge tras la denuncia presentada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, por supuestas trabas e irregularidades en la compra de drones para la Policía.
La medida judicial apunta a recolectar documentación física y soportes digitales sobre los expedientes de seguridad. El fiscal Tomás Casas busca determinar si existieron maniobras para frenar la llegada de tecnología de vigilancia. Esta acción marca el punto máximo de tensión entre el Centro Cívico y el organismo de control provincial.
El Ejecutivo sostiene que los tribunos de la oposición excedieron sus facultades legales de revisión. Según la denuncia de Quinteros, el bloqueo de estos expedientes afecta directamente la ejecución de políticas contra el delito. La adquisición de la tecnología es considerada clave para el plan de seguridad ciudadana en la provincia.
Desde el organismo, las autoridades manifestaron su fuerte rechazo al procedimiento realizado en sus oficinas. "Esto es un apriete, un avasallamiento, pero nosotros vamos a seguir actuando", declaró tajante Beltrán Corvalán. El presidente del cuerpo calificó el hecho como un suceso inédito en la historia institucional de Córdoba.
El conflicto se da en un marco de fuerte polarización política entre el oficialismo y el Frente Cívico. Los voceros del Tribunal aseguran que su función es garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos. Por su parte, la Justicia continuará con el peritaje de los dispositivos secuestrados durante la jornada.
