El Gobierno Nacional dispuso la intervención del puerto de Ushuaia por el plazo de un año, una decisión que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y que generó una inmediata reacción del Ejecutivo de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que anunció que recurrirá a la Justicia para impugnar la medida.
Según informó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), la intervención se resolvió luego de una inspección realizada el año pasado, en la que se habrían detectado irregularidades en el funcionamiento de la principal terminal portuaria de la provincia, además de fallas logísticas y falta de obras de infraestructura.
La respuesta del gobierno fueguino no se hizo esperar. En un comunicado oficial, la administración encabezada por el gobernador Gustavo Melella rechazó de plano la decisión del Ejecutivo nacional y la calificó como una “abrupta intervención”, al tiempo que aseguró que no existen fundamentos técnicos ni administrativos que la justifiquen.
“No hay ninguna razón objetiva que justifique la intervención del puerto”, afirmó el Gobierno provincial, que además sostuvo que la terminal funciona y que para la actual temporada se esperan unas 525 recaladas de cruceros de gran porte. En ese sentido, señaló que en las últimas dos semanas se registró un récord de arribo de embarcaciones, con una operatoria que permitió atender a 16 barcos de bandera internacional en menos de 24 horas y a más de 30 durante una semana. En ese período, más de 30 mil personas entre pasajeros y tripulantes pasaron por la terminal.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron además que existe “confianza comercial de operadores internacionales” y cuestionaron los argumentos esgrimidos por la Nación. “No hay ningún argumento en relación con la administración o la infraestructura del puerto. Los interventores no pudieron responder con ningún informe detallado sobre el alcance de la medida”, indicaron.
En el mismo texto, el gobierno de Tierra del Fuego advirtió sobre la instalación de “narrativas preocupantes respecto a intencionalidades geopolíticas o económicas no explicitadas” que, según señalaron, “trascienden la realidad del puerto y parecieran estar detrás de una medida de esta magnitud”.
Si bien confirmaron que realizarán una presentación judicial para frenar la intervención, desde la provincia aclararon que continuarán las gestiones administrativas ante el gobierno de Javier Milei en busca de una solución al conflicto.
