La violencia de género continúa marcando cifras alarmantes en el país. Según el último relevamiento del Observatorio Mumalá, durante 2025 se contabilizaron 266 femicidios, lo que equivale a una mujer asesinada cada 33 horas.
El inicio de 2026 mantiene la misma tendencia preocupante. Entre el 1° de enero y el 28 de febrero se registraron 32 femicidios directos y 2 vinculados, además de un travesticidio y una muerte de una mujer en contexto de crimen organizado, lo que eleva a 36 el total de víctimas en apenas dos meses. La frecuencia indica una muerte cada 39 horas.
El informe también advierte sobre 172 intentos de femicidio en el mismo período, un dato que expone la magnitud de la violencia y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención.
Uno de los datos más preocupantes es que el 12% de las víctimas había realizado denuncias formales por violencia de género antes del desenlace fatal. La cifra reabre el debate sobre la eficacia de las medidas de protección y la capacidad de respuesta del sistema judicial y estatal.
La edad promedio de las víctimas fue de 35 años, mientras que la de los agresores rondó los 41. En el 73% de los casos, el femicida era una expareja o un familiar, lo que confirma que la mayoría de los crímenes ocurre en el ámbito de relaciones cercanas. En cuanto a la modalidad, el 31% de los asesinatos se cometió con arma blanca.
Impacto en las infancias
Como consecuencia directa de estos crímenes, 24 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre. Esta situación no solo implica una pérdida irreparable, sino que además genera múltiples conflictos vinculados a la crianza, la definición de tutores y la contención integral de los menores.
El relevamiento señala que la provincia de Buenos Aires encabeza la lista con 21 femicidios en lo que va de 2026. Le siguen Santa Fe y Santiago del Estero, con tres casos cada una, mientras que Córdoba registra hasta el momento un caso.
Desde el Observatorio remarcaron la urgencia de adoptar medidas efectivas y sostenidas para prevenir la violencia machista. Las cifras, sostienen, evidencian que las herramientas actuales resultan insuficientes y que, pese a las denuncias previas, muchas mujeres continúan sin recibir protección a tiempo.
