La protesta policial que comenzó en Rosario frente a la Jefatura de la Unidad Regional II sumó este martes un nuevo capítulo de tensión. El reclamo, que se profundizó tras el suicidio de un efectivo en la puerta de la sede policial, se extendió pese a los anuncios oficiales de mejoras laborales y salariales para parte de la fuerza.
Durante la tarde continuaban las manifestaciones frente al edificio policial, mientras decenas de patrulleros permanecían fuera de servicio. La situación encendió alarmas en una provincia que en los últimos años atravesó reiteradas crisis de seguridad, especialmente en Rosario.
El detonante inmediato fue el malestar por un esquema de aumentos que alcanzó principalmente a las denominadas “fuerzas de calle”, dejando afuera a otros sectores como personal del 911, técnicos y bomberos. Aunque el Ejecutivo defendió la diferenciación salarial en función del riesgo y destino de los agentes, la medida fue interpretada por parte de la tropa como un intento de dividir el reclamo.
En medio de la escalada, efectivos de mayor jerarquía desalojaron a manifestantes que, según el gobierno, obstaculizaban la salida de móviles policiales. Tras esos incidentes, el Ministerio de Justicia y Seguridad anunció el pase a disponibilidad de al menos veinte uniformados identificados en las protestas y adelantó que se solicitará al Ministerio Público de la Acusación que investigue posibles conductas penales si se comprueba afectación del servicio de seguridad.
Desde la Casa Gris remarcaron que no se permitirá que el conflicto impacte en la política de seguridad provincial, que en los últimos meses había mostrado una baja en los índices de homicidios en el marco del Plan Bandera, implementado junto a Nación.
En paralelo, comenzó a circular la versión de un eventual refuerzo con fuerzas federales en caso de que el conflicto escale y se resienta el patrullaje. El Ministerio Público confirmó que analizará situaciones en las que la falta de prestación del servicio pudiera haber facilitado la comisión de delitos.
Más allá de la discusión salarial, el trasfondo del conflicto incluye el deterioro en las condiciones de trabajo y la problemática de salud mental dentro de la fuerza. En 2025 se registraron 25 suicidios de policías provinciales y federales en Rosario, una cifra que generó fuerte impacto interno. El gobierno provincial reconoció que más de 500 efectivos reciben asistencia psicológica y anunció la puesta en marcha de un programa integral de salud mental con cobertura profesional, farmacológica y acompañamiento familiar.
En el plano político, el conflicto se produce en un contexto sensible para la administración de Maximiliano Pullaro, que había capitalizado la baja de homicidios como uno de los principales logros de gestión. Sin embargo, la reciente detención de altos mandos policiales por el robo de combustible y el resurgimiento de disputas vinculadas al narcotráfico volvieron a poner bajo presión a la conducción de la fuerza.
