El Senado de la Nación aprobó este jueves la reforma de la Ley de Glaciares (26.639), una normativa clave que protege el ambiente periglaciar en Argentina. La votación en general resultó en 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención durante la jornada nocturna. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo ahora pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
La reforma propone reconfigurar los límites de protección ambiental para armonizar la conservación con el desarrollo industrial. Se busca restringir la protección estricta solo a los glaciares que cumplan funciones hídricas consideradas "significativas". Esta nueva definición técnica ha generado un intenso debate entre especialistas del sector y legisladores opositores.
Además, el proyecto otorga a las provincias un rol protagónico en la gestión del Inventario Nacional de Glaciares. Las autoridades locales tendrán la última palabra para decidir qué zonas son aptas para la actividad extractiva. Esta medida responde a un reclamo histórico de las provincias cordilleranas por el manejo de sus recursos naturales.
La modificación se alinea con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para atraer capitales extranjeros. El oficialismo logró el apoyo de senadores de San Juan, Catamarca y Jujuy, quienes ven una oportunidad de crecimiento regional. Por su parte, los senadores cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero acompañaron la propuesta, mientras que Alejandra Vigo votó en contra.
Sin embargo, organizaciones científicas advierten sobre el riesgo que corre el suministro hídrico de las poblaciones locales. Al flexibilizar los controles sobre el ambiente periglaciar, se podrían afectar suelos congelados que alimentan las cuencas de los ríos. Las protestas en las inmediaciones del Congreso resaltaron la vulnerabilidad de estos ecosistemas ante el calentamiento global.
