Desprotección en los saqueos de 2013: La causa volvería a Córdoba desde Comodoro Py

Los exfuncionarios kirchneristas Capitanich, Rodríguez y Berni fueron imputados por la fiscal federal cordobesa Graciela López de Filoñuk, pero la causa fue derivada al juzgado porteño a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. Se espera que vuelva a ser investigada en Córdoba.

El expediente judicial que involucra como imputados a los principales responsables de la última gestión kirchnerista, por no atender los pedidos de asistencia del Gobierno provincial durante los saqueos de 2013, salió de la jurisdicción cordobesa y su futuro se define en los Tribunales Federales de Comodoro Py.

En mayo pasado, la fiscal federal número 3 de Córdoba, Graciela López de Filoñuk, imputó al exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich; a la entonces ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, y al exsecretario de Seguridad, Sergio Berni, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La acusación de López de Filoñuk fue seguida de un cuestionamiento a la jurisdicción de investigación, ya que juez federal número 3 Hugo Vaca Narvaja sostuvo que, aunque los saqueos fueron en Córdoba, el presunto delito por no atender los pedidos del Gobierno habría ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede del Gobierno nacional.

Así, la causa se encuentra ahora a definición del juzgado criminal y correccional número 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. Ante la consulta de Telefe Noticias, el titular de la secretaría 11 afirmó que “esta semana habrá dictamen para resolver el planteo por la jurisdicción competente”.

La expectativa entre los actores judiciales consultados es que la causa volverá a Córdoba para continuar la investigación.

La acción penal promovida por la fiscal fue una derivación del juicio en el que fueron condenados 52 policías por acuartelarse durante el 3 y 4 de diciembre de 2013, situación que propició saqueos y asaltos en gran parte de la ciudad con el saldo de un muerto, al menos 200 heridos y decenas de comercios afectados. Todos ellos recibieron condenas de entre ocho meses y un año –de cumplimiento condicional- por incumplimiento de los deberes de funcionario público,  por lo cual no fueron a prisión.

En ese juicio, el presidente provisional de la Legislatura y entonces jefe de Gabinete provincial, Oscar González, declaró que no fueron atendidos sus llamados telefónicos para gestionar ante los exfuncionarios imputados la asistencia de las fuerzas de seguridad federales.

Igual situación detalló el entonces gobernador José Manuel de la Sota –que en los días de los saqueos se encontraba de viaje- en una carta con su firma. De la Sota expresó entonces que la desatención de los funcionarios de la Casa Rosada dejó a los cordobeses “expuestos al accionar de grupos de delincuentes que de manera muy organizada realizan robos y actos vandálicos”.

El escrito y las declaraciones de De la Sota formaron parte de la acusación formulada por la fiscal López de Filoñuk, quien por este tema se había entrevistado con el exgobernador un día antes de la trágica muerte de la cual ayer se cumplió un año.