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Denuncian que Argentina podría sufrir un accidente nuclear en uno de los límites entre la Capital Federal y el GBA
Detalles de la denuncia
En primer término, el informe presentado en enero denuncia que “la red de incendio del CAC está prácticamente fuera de funcionamiento, ya que una parte no cuenta con el correcto mantenimiento por falta de personal y la otra ha sido desguazada por los permanentes hurtos que se producen sistemáticamente en el sitio” y agrega que “desde la designación de la nueva gerencia de coordinación se han hurtado bienes de la red de incendios por un monto aproximado de AR $2.000.000”.
En ese marco, Zulato señaló en declaraciones públicas que “en caso de que se produjera un incendio de grandes magnitudes, sería prácticamente imposible de controlar en todo el perímetro del Centro Atómico”. La denuncia también fue rubricada por el personal de la División Riesgos Especiales de los Bomberos de la Policía Federal Argentina.
Si bien Zulato se excusó por motivos éticos de dar detalles de las instalaciones emplazadas, afirmó que su postura “es completamente pro-nuclear” y aclaró que “jamás diría que podría haber un accidente del tipo de Chernobyl o Fukushima, debido a que el Centro Atómico no es una central nuclear”. Sin embargo, su advertencia no es menor porque un accidente radiactivo nunca debe descartarse en un centro de energía atómica, y menos aún cuando los antecedentes nacionales avalan las probabilidades de que eso ocurra.
El 23 de septiembre de 1983 se produjo en el mismo organismo un accidente nuclear en el ya desmantelado reactor RA-2, que acabó con la vida de un trabajador. “Actualmente la situación podría llegar a ser gravísima en el caso de que el foco ígneo se iniciara en las inmediaciones de cualquiera de las instalaciones nucleares que alberga el CAC, donde las consecuencias podrían ser desastrosas, por cuanto se corre el riesgo de que el material radiactivo se volatilice a la atmósfera dependiendo ya su alcance de circunstancias aleatorias (como la dirección y velocidad del viento, condiciones de presión temperatura,etc) y pudiendo afectar un radio impredecible”, alertó con preocupación Zulato.
Siguiendo esto, el especialista aseguró que “la Autoridad Regulatoria Nuclear tendría que hacer un trabajo más abarcativo, evaluando la seguridad de todo el predio, en función de su contexto con otros edificios, y no haciendo hincapié sólo en las instalaciones nucleares o radiológicas”.
Por otra parte, la denuncia destaca que “el servicio médico del lugar, a pesar de los reiterados pedidos del sector, no tiene los elementos para actuar ante una emergencia radiológica, habida cuenta de que ni siquiera posee una ambulancia propia, que sería de vital importancia, ya que en incidentes de este tipo se ha reportado que los prestatarios son reacios a trasladar pacientes que hayan sufrido accidentes radiactivos”. A su vez, el reclamo plantea que “es necesario contar de forma urgente con un centro médico especializado para derivar pacientes eventualmente afectados por radiación, ya sea por contaminación interna o irradiación externa”. En cuanto a las emergencias convencionales, la denuncia pone de manifiesto que “existe una gran falta de medios de escape en muchos edificios del CAC, constituyendo una verdadera trampa mortal para el personal y visitantes del lugar”.
Por otra parte, Zulato explicó que “es incomprensible que teniendo en cuenta que en el CAC se almacena y manufactura material radiológico y nuclear, y habiendo sufrido la 2 República Argentina antecedentes de atentados terroristas (en la Embajada de Israel y la AMIA en 1992 Y 1994 respectivamente), las autoridades hayan prohibido revisiones de los efectos personales a la entrada y salida de todas las personas y vehículos”.
“Los límites perimetrales del CAC son, en algunos casos, sumamente débiles, existiendo alambrados fácilmente franqueables por un posible agresor. No existen cámaras de seguridad ni sistemas de alarmas de intrusión, por lo cual toda la seguridad perimetral del sitio queda supeditada a las recorridas del personal de gendarmería y de seguridad privada”, destaca, además, el escrito elevado a las autoridades.
“En las circunstancias actuales, la probabilidad de éxito de un hecho terrorista, de sabotaje, robo o desvío de material nuclear, dependen directamente de la voluntad del perpetrador dado que no se cuentan con las condiciones mínimas para repeler un hecho de estas características”, detalló el informe.
Si bien Zulato destacó “la alta capacitación del personal técnico”, afirmó que “si hay autoridades incapacitadas, que fueron designadas a dedo o por militancia afín al gobierno de turno conduciendo la organización, no hay mucho que pueda hacerse más que peticionar”.
Finalmente, “solicitó la intervención inmediata de las autoridades para subsanar la situación detallada en el informe”, dado que consideró que “es fundamental tratar estos temas con urgencia”.