La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del 9 de abril de 2026 la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, tras una sesión que se extendió durante varias horas. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El oficialismo consiguió el quórum con 129 diputados presentes y el respaldo de bloques como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales, lo que permitió avanzar con el tratamiento y la posterior votación. La definición se concretó pasada la 1 de la madrugada, en un escenario sin sobresaltos en el resultado final.
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Cambios en el alcance de la protección
Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación del criterio de protección de los glaciares y las zonas periglaciares. La nueva redacción establece que el resguardo se aplicará únicamente a aquellas áreas que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”, en reemplazo del esquema anterior de protección general.
Esto implica un cambio en la definición de las áreas alcanzadas por la ley, incluyendo los denominados glaciares de escombros, que ahora serán evaluados bajo este nuevo criterio.
Mayor participación de las provincias
La reforma otorga un rol más amplio a las provincias en la aplicación de la norma. A partir de ahora, cada jurisdicción podrá definir criterios para determinar qué zonas deben ser protegidas, en línea con el principio de dominio originario de los recursos naturales.
Según el comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la medida busca “darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos” y avanzar hacia un esquema de mayor federalismo en la gestión ambiental.
Nuevo esquema de control y evaluaciones
El proyecto introduce cambios en el sistema de regulación. Se pasa de un régimen de prohibiciones generales a un modelo basado en evaluaciones de impacto ambiental caso por caso, que quedarán bajo la órbita provincial.
En este contexto, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) dejará de tener un rol central en la definición técnica y pasará a cumplir una función de registro y consulta dentro del inventario nacional de glaciares.
Desarrollo de la sesión y posturas
Durante el debate, el oficialismo defendió la iniciativa al sostener que permitirá compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo. El diputado Nicolás Mayoraz afirmó que “estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles”.
Desde la oposición, en tanto, se expresaron críticas al proyecto. El diputado Maximiliano Ferraro lo calificó como “totalmente regresiva e inconstitucional”, mientras que Juan Grabois sostuvo que “es una ley envenenada. Mienten cuando dicen que la minería en glaciares no envenena. Van a envenenar el agua”.
Posición del Gobierno
Tras la aprobación, el Gobierno nacional destacó que la reforma permitirá ordenar el marco normativo y evitar interpretaciones dispares. En el comunicado oficial, se señaló que la nueva ley apunta a “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”.
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Además, se indicó que la modificación busca precisar qué áreas deben ser protegidas y habilitar evaluaciones técnicas que definan el uso de determinados territorios, manteniendo la protección de los sectores considerados estratégicos para el recurso hídrico.
