El Gobierno nacional, a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, comunicó la decisión de retirar los planes sociales a aquellos ciudadanos que participen en manifestaciones y corten calles, generando así un debate sobre la implementación de estas medidas en las distintas provincias del país.
En una entrevista previa a las movilizaciones sociales que se llevarán a cabo este miércoles, el fiscal De Aragón señaló que, a nivel nacional, se están impartiendo instrucciones a las fuerzas federales de seguridad, las cuales no tendrían aplicación directa en la provincia. No obstante, dejó claro que, en caso de incidentes o imputaciones a personas identificadas y detenidas por comisión de delitos durante estas movilizaciones, se remitirá la nómina al Gobierno nacional para que evalúe la posibilidad de retirar los subsidios, tal como se ha anunciado.
La postura del fiscal destaca la autonomía de la provincia en la aplicación de sus protocolos, mientras que el Gobierno nacional busca establecer medidas más homogéneas en todo el país. Este panorama genera incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo la coordinación entre ambas jurisdicciones y cómo se aplicará concretamente el protocolo antipiquetes en Córdoba.
