Una fuerte presentación judicial volvió a sacudir este lunes el escenario político nacional, luego de que la diputada Marcela Marina Pagano solicitara ante la Justicia Federal la detención del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.
El planteo se enmarca en una causa en trámite y apunta a presuntas maniobras que, según la legisladora, podrían haber interferido en el avance de una investigación judicial. El escrito fue presentado en carácter de denunciante.
En la presentación, Pagano advierte la existencia de un “riesgo procesal de entorpecimiento grave, actual e inminente”, al sostener que habrían ocurrido hechos concretos vinculados al funcionario el 4 de mayo de 2026.
La acusación señala que Adorni habría tomado contacto con el testigo Matías Tabar antes de una declaración bajo juramento, ofreciéndole asistencia y el contacto de su equipo. También menciona presuntos intentos de eliminación de mensajes vinculados a comunicaciones previas con un contratista.
Para fundamentar el pedido de prisión preventiva, la diputada recurrió a la denominada “doctrina Irurzun”, utilizada en la justicia federal para evaluar riesgos de interferencia en causas donde intervienen funcionarios con poder de influencia.
El pedido se apoya en antecedentes jurisprudenciales como el voto del juez Martín Irurzun en la causa De Vido de 2017, y ahora deberá ser analizado por el juez interviniente, que definirá si hace lugar o no a la solicitud.
