El proceso de discusión por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina alcanzó un nivel de participación inédito, con más de 70.000 personas inscriptas para formar parte de la audiencia pública convocada para los días 25 y 26 de marzo.
La convocatoria se da en el marco del tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado, donde fue aprobado a fines de febrero tras un ajustado resultado. La iniciativa propone modificaciones a la normativa vigente, que desde 2010 protege a los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce y restringe actividades como la minería y la explotación hidrocarburífera en esas áreas.
Ante el volumen de inscriptos, desde el oficialismo se definió que solo 200 participantes podrán exponer de manera oral durante las jornadas, priorizando a quienes se registraron primero según su jurisdicción. El resto deberá presentar sus aportes por escrito o a través de formatos audiovisuales.
La decisión generó tensiones con sectores de la oposición y referentes ambientales, que cuestionaron las condiciones establecidas para la participación. Advirtieron que limitar las exposiciones podría afectar el carácter abierto de la audiencia, especialmente en un tema de fuerte impacto ambiental y social.
Las audiencias públicas forman parte de los mecanismos institucionales de participación ciudadana previstos en la normativa nacional y en acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que promueve procesos inclusivos en la toma de decisiones vinculadas al ambiente.
En este contexto, el debate en torno a la Ley de Glaciares se inscribe en una discusión más amplia sobre el uso de los recursos naturales y el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental. La instancia de audiencia será clave antes de que el proyecto continúe su recorrido legislativo en Diputados.
