Seis armas permitidas para civiles y hasta 60 para tiradores en Brasil

El presidente Jair Bolsonaro aprovechó el pasado viernes, víspera de un casi Carnaval en Brasil, para firmar cuatro decretos que facilitan aún más la venta de armas y reducen su control estatal. Es la trigésima norma publicada durante los dos últimos años por Bolsonaro, dentro de una política que ha ayudado a aumentar el número de armas en circulación en Brasil. El anuncio, divulgado en la cuenta de Twitter del mandatario, ha generado reacciones inmediatas entre líderes políticos y entidades vinculadas a los derechos humanos, sobre todo porque el presidente demuestra más empeño en facilitar el acceso a las armas que a las vacunas.

Entre las normas previstas por el Gobierno, están el aumento del cupo de compra de armas para el ciudadano, que pasa de 4 a 6. Este número puede llegar a ocho para los miembros de la magistratura, del Ministerio Fiscal y para los integrantes de la Policía y agentes y guardias penitenciarios. La tenencia de armas por civiles ha dado un salto del 65% en el país desde diciembre de 2018, poco antes de que Bolsonaro asumiera el poder el 1 de enero, según información del diario O Globo. A finales de enero, eran más de 1,1 millones de armas en poder de los ciudadanos, cifra que aumentará fácilmente si la Justicia no tumba los decretos del presidente, como esperan los expertos en seguridad pública.

“El populismo armamentista de Bolsonaro, además de agravar el problema [de la violencia], es una cortina de humo para sus aspiraciones golpistas”, escribió Marcelo Freixo, diputado del PSOL (Partido Socialismo y Libertad) en Río de Janeiro. Freixo anunció un proyecto para anular los últimos decretos de Bolsonaro y registró una Acción Directa de Inconstitucionalidad [especie de recurso de inconstitucionalidad] en el Tribunal Supremo. “El presidente no puede legislar sobre armas a base de decretos”, reclamó el diputado. Si la Justicia no interviene, los decretos serán válidos en 60 días.

Otras medidas de Bolsonaro prevén la reducción del control y rastreo de armas y municiones, un riesgo que acerca más los armamentos a la delincuencia organizada. También se facilita que tiradores y cazadores, por ejemplo, compren entre 30 y 60 armas sin que haga falta una autorización expresa del Ejército. El Ejército también dejará de controlar proyectiles y máquinas para la recarga de municiones y cargadores. Se trata de dar más facilidad para acceder a armas con mayores restricciones, esas que interesan sobre todo a los grupos paramilitares brasileños. “El aumento de la venta de armas de mayor potencial acaba abasteciendo al mundo del crimen”, dice Carolina Ricardo, directora del Instituto Sou da Paz. “Armas de colección de un tirador o cazador pueden ser robadas o desviadas y abastecer el mercado ilegal”, advierte, recordando que la falta de seguimiento dificulta la investigación de los delitos.

El año pasado, una disposición del Ejército revocó las reglas sobre el rastreo de armas y municiones, dispositivos de seguridad y marcaje de armas de fuego en Brasil. También a finales de año, Bolsonaro trató de reducir los impuestos de importación a cero, argumentando que estimularía el comercio. El caso acabó en el Supremo tras una petición del Partido Socialista Brasileño (PSB), y el juez Edson Fachin suspendió la decisión, que a su vez choca con el derecho a la vida y a la seguridad, que están garantizados constitucionalmente.