El Gobierno de España aprobó este viernes un amplio paquete de medidas económicas para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Próximo, con una inversión estimada de 5.000 millones de euros destinada a frenar la suba de los precios energéticos y proteger el empleo.
El plan fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez tras un Consejo de Ministros extraordinario y se instrumentará a través de dos decretos: uno general, que concentra la mayoría de las iniciativas, y otro específico para el área de vivienda. Las medidas entrarán en vigor este sábado y se mantendrán “durante el tiempo que sea necesario”, según indicó el mandatario.
Entre los principales ejes, el Ejecutivo dispuso la reducción del IVA al 10% para la gasolina y el gasóleo, junto con una baja del impuesto especial sobre hidrocarburos al mínimo permitido por la Unión Europea. De acuerdo con estimaciones oficiales, esto podría traducirse en una rebaja de hasta 30 céntimos por litro, lo que implica un ahorro cercano a los 20 euros por tanque para un vehículo promedio.
En el caso de la energía eléctrica, el Gobierno implementó una reducción impositiva cercana al 60%, mediante la baja del IVA de la luz y el gas al 10%, la suspensión del impuesto a la producción eléctrica y el recorte del impuesto especial sobre electricidad al 0,5%. El paquete también contempla ayudas directas de 20 céntimos por litro de combustible destinadas a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, además de subsidios para la compra de fertilizantes, con el objetivo de sostener la actividad productiva y evitar un mayor traslado a precios en la cadena alimentaria.
En materia laboral, una de las decisiones más relevantes es la prohibición de despedir por causas económicas vinculadas a esta crisis para aquellas empresas que reciban asistencia estatal. “Este Gobierno va a movilizar todos los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos y apoyar a pymes, al sector primario y a la industria”, afirmó Sánchez.
Las negociaciones dentro de la coalición oficialista —integrada por el PSOE y Sumar— fueron intensas, especialmente en el capítulo de vivienda. Como resultado, se acordó una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que venzan en 2026 y 2027, medida que se incluyó en un decreto separado para facilitar su implementación.
El Ejecutivo enmarca este paquete como una respuesta preventiva ante un escenario internacional incierto, y sostiene que el objetivo es amortiguar los efectos de una crisis que podría agravarse dependiendo de la evolución del conflicto. Según Sánchez, con estas medidas, España aspira a consolidar “el mayor escudo social y económico de la Unión Europea” frente a las consecuencias de la guerra.
