Ya rige en Córdoba la nueva Ley de Tránsito provincial: más control y sanciones

El Gobierno de la Provincia de Córdoba oficializó la nueva Ley de Tránsito N° 11.096, la cual ya entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial. Esta reforma integral de la Ley 8.560 busca modernizar los controles viales y mejorar la seguridad en todo el territorio provincial mediante herramientas digitales. La normativa fue sancionada por la Legislatura el pasado 29 de diciembre y ya rige para todos los conductores.

Uno de los cambios más importantes es la incorporación del concepto de reiterancia para los infractores recurrentes. Esta figura legal permite aplicar medidas preventivas cuando un conductor comete nuevas faltas antes de que la sanción anterior quede firme. La autoridad ahora podrá considerar estos antecedentes como un agravante para graduar el monto de las multas.

Además de las multas económicas, la ley suma el trabajo comunitario en instituciones públicas como opción sancionatoria. Los jueces podrán ordenar también la asistencia obligatoria a cursos educativos o programas terapéuticos específicos. Estas "instrucciones especiales" apuntan a modificar la conducta de quienes ponen en riesgo la convivencia ciudadana.

En cuanto a la circulación, se permite el uso de luces diurnas automáticas (DRL) como alternativa válida durante el día. Sin embargo, el uso de la luz baja sigue siendo obligatorio en condiciones de lluvia, niebla, humo o visibilidad reducida. La normativa aclara que estos sistemas tecnológicos deben acompañarse siempre de una conducción responsable.

La nueva ley moderniza los operativos al habilitar medios electrónicos y digitales para registrar y documentar las infracciones. Esto permite que la constatación de faltas sea más ágil mediante dispositivos remotos y plataformas oficiales de notificación. La digitalización también llega a los descargos administrativos, facilitando trámites a quienes viven lejos del lugar del hecho.

El texto actualizado incluye un Cuadro General de Infracciones que divide las faltas en leves, graves y muy graves. Se penalizarán con mayor rigor conductas como las picadas ilegales, la fuga tras un siniestro y la falta de seguro. También se pone el foco en el exceso de velocidad y la conducción temeraria en las rutas.

Finalmente, la norma actualiza el lenguaje legal utilizando correctamente el concepto de personas con discapacidad. Se refuerza además el criterio de territorialidad, permitiendo que quienes vivan a más de 60 kilómetros realicen su defensa vía web. Esta reforma busca, por sobre todo, proteger la vida de los ciudadanos y reducir la siniestralidad vial.