La polémica por la adquisición de quince drones de alta tecnología sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, presentara una denuncia penal contra la mayoría opositora del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Según explicó el funcionario, la resolución que frenó la licitación constituye un abuso de autoridad con dos objetivos: bloquear de forma indefinida la incorporación de tecnología para tareas de seguridad y generar un escenario político para impulsar una campaña “falaz y estigmatizante” desde instituciones públicas.
Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que la presentación judicial busca determinar si la decisión del organismo de control se ajusta a los límites legales del control preventivo de juridicidad, en una licitación que implicaba una inversión cercana a los 7 millones de dólares. Además, sostienen que los tribunos vinculados al Frente Cívico se extralimitaron en sus atribuciones y vulneraron el principio de división de poderes.
Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, defendió la medida al señalar que se trataba de una licitación “dirigida”, con un solo oferente y un monto superior a los 7 millones de dólares, equivalentes a más de 10 mil millones de pesos.
