La Fiscalía de Delitos Complejos de Salta decidió girar el expediente de una megaestafa por falsos trabajos mineros a la justicia de Deán Funes. Esta medida implica que la fiscalía local cordobesa deberá instruir todas las denuncias registradas a nivel nacional. Actualmente, se contabilizan 82 personas damnificadas tan solo en la ciudad del norte cordobés, aunque el alcance del fraude es mucho mayor.
La resolución judicial causó una profunda sorpresa en los tribunales de Córdoba por la diferencia de competencias. Mientras que en Salta el caso estaba en manos de una fiscalía especializada, en Deán Funes funciona una sede multifuero. Los funcionarios locales sostienen que no cuentan con los mismos recursos humanos y económicos para una causa de tal magnitud.
Debido a esta disparidad, ya se presentó un planteo formal para que el expediente regrese a la jurisdicción salteña. Los investigadores cordobeses argumentan que la complejidad del caso requiere una estructura que la fiscalía local no posee. La disputa legal por la competencia territorial mantiene en vilo el avance de las pericias técnicas.
La causa cuenta con dos personas imputadas, un hombre y una mujer, quienes fueron detenidos tras allanamientos en la capital salteña. La mujer se presentaba como una profesional técnica para ganar la confianza de los aspirantes a empleos mineros. Los sospechosos utilizaban diversas estructuras comerciales para dar una apariencia de legalidad a sus maniobras fraudulentas.
El engaño consistía en solicitar dinero a los interesados para supuestos trámites administrativos y estudios preocupacionales. Los damnificados realizaban transferencias bancarias a cuentas de terceros vinculadas a la organización delictiva. La investigación comenzó a fines de febrero tras una denuncia inicial que destapó esta red de estafas laborales.
