En la segunda sesión ordinaria del 148° período legislativo, la Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó una ley que introduce cambios en el procedimiento minero con el objetivo de incorporar herramientas digitales en todas las actuaciones administrativas vinculadas al sector.
La iniciativa, impulsada por la legisladora María Victoria Busso, modifica y deroga artículos de la Ley 5.436, correspondiente al Código Minero provincial. La reforma establece que los trámites ante la autoridad minera deberán realizarse íntegramente por medios electrónicos, con el propósito de agilizar gestiones, simplificar procesos y modernizar el funcionamiento administrativo.
A partir de la nueva normativa, los escritos, expedientes, firmas, registros y notificaciones efectuados en formato digital tendrán la misma validez jurídica y probatoria que aquellos realizados en soporte papel. Asimismo, se dispone que toda persona que intervenga ante la Secretaría de Minería deberá contar con identidad digital registrada en la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) y constituir un domicilio administrativo electrónico.
La actualización también introduce cambios en el régimen de notificaciones y representación dentro del procedimiento minero, buscando mayor claridad normativa, celeridad y seguridad jurídica, sin afectar las garantías del debido proceso ni el derecho de defensa. Las notificaciones se realizarán por comunicaciones electrónicas dirigidas al domicilio constituido o por cualquier medio fehaciente que permita acreditar recepción y contenido.
La sesión fue encabezada por el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, y contó con la presencia de autoridades de la Secretaría de Minería, entre ellas el secretario Gustavo Caranta, la coordinadora legal María José Etcheverry y el director de Geología David Palacio.
Durante la misma jornada, el cuerpo legislativo también aprobó otra iniciativa que modifica la denominación de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza, que pasará a llamarse Dirección General de Educación Pública de Gestión Privada. El cambio apunta a armonizar la terminología con la legislación nacional y provincial vigente, adecuando los conceptos utilizados y evitando posibles interpretaciones ambiguas.
Con esta modificación se busca reforzar el reconocimiento de la educación pública tanto de gestión estatal como privada dentro del sistema educativo cordobés.
