La Justicia Federal de Córdoba dispuso una medida cautelar contra el Gobierno nacional y PAMI para que regularicen el pago de prestaciones destinadas a personas con discapacidad que perciben pensiones no contributivas.
La resolución fue firmada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien otorgó un plazo de 72 horas al Ministerio de Salud de la Nación y a la obra social para normalizar la asistencia destinada a beneficiarios con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La decisión judicial surgió a partir de una presentación colectiva impulsada por la abogada Marta Lastra, en representación de Defendamos Córdoba, junto a reclamos realizados por distintas instituciones vinculadas a la atención y cuidado de personas con discapacidad, entre ellas Apadim Córdoba, Clínica Villa Bustos, Centro de Vida Alegría, “Mi Lugar” y el Pequeño Cottolengo Don Orione.
En el fallo, el magistrado sostuvo que existe un escenario de incumplimientos y demoras por parte del Estado nacional respecto a sus obligaciones de protección hacia sectores vulnerables. Además, recordó la vigencia de la ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.
Uno de los puntos destacados en la resolución fue la situación económica del Pequeño Cottolengo Don Orione, institución que informó millonarios pagos de intereses por deudas vinculadas a aportes y contribuciones sociales impagos durante 2025 y lo que va de 2026.
La medida cautelar tendrá vigencia por seis meses o hasta que exista una sentencia firme sobre la cuestión, según lo establecido por la Cámara Federal de Apelaciones.
