La Justicia de Córdoba dictó prisión preventiva contra Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, exjefe de la Policía Caminera. Está señalado como líder de una red que usaba recursos del Estado para beneficio personal.
El fiscal Guillermo González lo acusó de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, peculado, coacción y extorsión.
La organización estaba integrada por siete personas (cinco policías y dos civiles). Además de Ochoa Roldán, permanecen detenidos el civil Gabriel Élido Burkhard y los policías Martín Darío Heredia y Leonardo Javier Torres. Un agente y un civil recibieron una preventiva reducida, y otro funcionario recuperó la libertad bajo fianza.
El grupo accedía a bases de datos oficiales como el 911 y la División de Antecedentes, utilizaba móviles policiales y hasta atendía clientes en oficinas de la Jefatura. Entre sus maniobras figuraban los llamados “desalojos exprés”, que en realidad eran usurpaciones, con cobros de entre el 20 y el 30% del valor de cada propiedad.
El fiscal advirtió la gravedad institucional del caso, al involucrar a policías con jerarquía y abogados que formaban parte de la fuerza.
La investigación sigue abierta y podrían surgir más imputados.
