La Justicia de Córdoba liberó este jueves a Guillermo Kraisman, exconcejal y dirigente peronista, tras permanecer detenido desde enero en la cárcel de Bouwer. El juez de Control Gustavo Hidalgo fijó una caución de 20 millones de pesos para que Kraisman pueda esperar el juicio en su domicilio. La causa se mantiene abierta por defraudación en grado de tentativa contra la administración pública.
Kraisman estaba detenido luego del escándalo por intentar cobrar el sueldo de una empleada de la Legislatura provincial que, según la investigación, nunca prestó servicios. La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de Segunda Nominación, a cargo de Franco Mondino, solicitó la elevación a juicio en agosto pasado. El proceso apunta a determinar si Kraisman es autor responsable de defraudación en perjuicio de la administración pública.
El hecho se inició en enero cuando Kraisman y Luciana Castro fueron detenidos en un Bancor al intentar retirar cerca de un millón de pesos de la cuenta sueldo de Virginia Martínez. Martínez negó conocer a Kraisman o haber trabajado en la Legislatura, pero su testimonio presentó contradicciones. Esto derivó también en su imputación por falso testimonio.
La Justicia también investigó a la madre de Martínez, Patricia Defunchio, quien mantenía vínculo vecinal con Kraisman. Se analizó si ella facilitó un DNI vencido que Kraisman y Castro utilizaron para intentar cobrar el sueldo. Sin embargo, a fines de julio, la Fiscalía solicitó su sobreseimiento tras una pericia psiquiátrica que la declaró inimputable.
Ahora, Kraisman podrá permanecer en libertad mientras se desarrolla el juicio, aunque la causa por intento de defraudación sigue su curso. La resolución del juez Hidalgo permite que el dirigente peronista continúe el proceso desde su domicilio y cumpla con la caución establecida. La medida marca un cambio significativo en la causa que tuvo gran repercusión en Córdoba desde enero.