El Gobierno deroga un Decreto sobre la regulación de cuotas y matrículas en colegios privados

El Gobierno nacional derogó recientemente un Decreto de 1993 que regulaba las cuotas y matrículas de los colegios privados, modificando la intervención del Estado en el sector educativo. La decisión, firmada por el Presidente Javier Milei e integrantes de su gabinete, marca un cambio de rumbo en la relación del Estado con las instituciones educativas privadas. La medida fue publicada este martes mediante el Decreto 787/2025 en el Boletín Oficial, con la que derogó el Decreto N° 2417.

El Decreto derogado había establecido que las entidades educativas debían notificar tanto a las familias como a la Secretaría de Educación antes de aplicar aumentos en las cuotas y matrículas. A partir de ahora, las instituciones privadas no tendrán la obligación de informar sobre los cambios, lo que deja al mercado como el principal regulador del costo educativo.

El argumento principal detrás de la derogación, según los funcionarios del gobierno, es que “la estructura de costos y consecuentemente de aranceles de la educación ha variado” y que la intervención del Estado había generado “efectos contraproducentes” para el funcionamiento de los colegios privados. Según la nueva normativa, las restricciones del gobierno habían provocado que las instituciones fijaran cuotas más altas de lo necesario debido al temor de no poder cubrir sus costos sin la aprobación estatal. De este modo, el Gobierno considera que la medida beneficiará tanto a las escuelas como a las familias, al darles libertad para adaptarse a las realidades económicas y educativas del país.

Este enfoque se alinea con la visión 'libertaria' del Gobierno, que sostiene que las escuelas privadas deben tener la libertad de fijar sus propias condiciones de contratación, salarios y tarifas, sin las trabas burocráticas que, según los funcionarios, limitan su capacidad de adaptación.

Para las familias, el cambio de normativa podría generar un panorama mixto. Si bien la propuesta busca reducir la intervención estatal, no todos coinciden en que esto beneficie directamente a los estudiantes, ya que la mayor libertad de las instituciones podría traducirse en una mayor variabilidad en los costos de matrícula y cuota mensual.

En los próximos días, se seguirán realizando reuniones entre asociaciones de colegios privados y funcionarios provinciales para analizar cómo se implementará esta nueva etapa y cuáles serán sus efectos concretos. Por lo pronto, se espera que el futuro del sistema educativo privado en Argentina se defina más por las dinámicas del mercado que por la regulación estatal.