Las muertes de Agostina Pedraza (25) y María Flavia Ramallo (33), ocurridas en diciembre de 2025 en la cárcel de Bouwer, continúan bajo investigación judicial y suman fuertes cuestionamientos por parte de sus familias, que denuncian presuntas responsabilidades del Estado provincial. Ambas internas fallecieron calcinadas en una celda de aislamiento tras un incendio que, según la querella, podría haberse evitado.
El abogado querellante Diego Casado sostuvo que el caso presenta “muchas irregularidades” y apuntó directamente contra el accionar del personal penitenciario. “Hubo omisión de auxilio. Las guardias de seguridad no hicieron nada y creemos que hubo dolo”, afirmó. Según la hipótesis que impulsa la querella, las detenidas habrían encendido un colchón con un encendedor que lograron ingresar a la celda, lo que desató el fuego. También se investiga si existían fallas en los protocolos de emergencia, como la ausencia de matafuegos o demoras en la apertura de las puertas.
La madre de Agostina, Valeria Romero, aseguró que su hija había sido trasladada a Bouwer pocas horas antes del hecho y que estaba en una celda de aislamiento junto a otra interna a la que recién conocía. “A mi hija la dejaron morir”, expresó con dolor, al tiempo que exigió que se esclarezca lo ocurrido. La mujer sostiene que no se tomaron las medidas necesarias para proteger la vida de las detenidas y reclama justicia.
Desde la querella consideran que el Estado tenía la obligación de garantizar la integridad de las internas y que existieron graves fallas en la custodia. “Es un homicidio del Estado”, remarcó Casado, quien además confirmó que iniciaron acciones judiciales para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del incendio.
La causa avanza con la recolección de pruebas y peritajes que permitan reconstruir lo sucedido aquella noche.
