Córdoba refuerza el control y la transparencia en viviendas prefabricadas y autos usados

Con el objetivo de brindar mayor seguridad y transparencia a las operaciones de alto valor económico, el Gobierno de Córdoba anunció un conjunto de medidas orientadas a reforzar la protección de los consumidores en los sectores de viviendas prefabricadas y venta de vehículos usados. La iniciativa responde a un crecimiento sostenido de denuncias por estafas, contratos abusivos y prácticas comerciales engañosas.

Las resoluciones, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, fueron impulsadas por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Científico Tecnológica y la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Con ellas, se modernizan los registros de Empresas Constructoras de Viviendas Industrializadas y de Agencias de Vehículos Usados, herramientas clave para mejorar el control y garantizar que las compañías cumplan con la normativa vigente antes de operar en el mercado.

Registros actualizados para un mercado más seguro

La Resolución Nº 101/2025 establece la obligatoriedad de inscripción, en un plazo de 30 días, de todas las empresas dedicadas a la comercialización, fabricación, construcción o publicidad de viviendas industrializadas o prefabricadas. El Registro de Empresas Constructoras de Viviendas Industrializadas (RECVI) será público, lo que permitirá a los ciudadanos verificar la habilitación de la firma antes de contratar.

Las compañías deberán presentar información sobre solvencia, calidad de productos y toda la documentación vinculada al consumidor: contratos, publicidades y remitos. La Dirección General evaluará este material para garantizar el cumplimiento de la Ley 24.240. Si detecta cláusulas abusivas, podrá negar la inscripción hasta que se corrija la documentación.

De manera similar, la Resolución Nº 102/2025 actualiza el Registro de Agencias de Vehículos Usados – Compra Segura (RAVUCS), en el que deberán inscribirse todas las agencias y concesionarias que comercialicen autos o motocicletas usadas, en un plazo de 90 días. También se revisarán contratos, formularios y publicidades, y se exigirá la publicación de datos identificatorios en páginas web y redes sociales.

Creación del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor

Como complemento, la Provincia oficializó el Consejo Provincial de Defensa del Consumidor (CO.PRO.DE.CO.), un espacio de articulación interinstitucional integrado por organismos provinciales y municipales, asociaciones de consumidores, universidades, colegios profesionales y entes reguladores como el ERSeP.

Entre sus funciones estarán la unificación de criterios en materia de protección al consumidor, el impulso de políticas de educación y difusión de derechos, y el fortalecimiento de oficinas municipales de información al consumidor. La creación de este órgano no implica costos adicionales para la Provincia ni para los municipios.