A través del Decreto 253/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei habilitó a la provincia de Córdoba a licitar la administración, reparación y mantenimiento de las rutas nacionales en su territorio. La medida otorga una delegación temporal para que las jurisdicciones asuman el control de caminos que actualmente dependen de la Nación bajo un esquema de obra pública por peaje.
Esta normativa, que también alcanza a otras ocho provincias, establece que las concesiones no podrán exceder los 30 años de duración. Para que el traspaso sea efectivo, el gobierno cordobés deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. Estos acuerdos requieren la aprobación final de la Secretaría de Transporte y deben identificar con precisión cada tramo involucrado.
Es importante destacar que la delegación de facultades es funcional, limitada y revocable, por lo que la titularidad sigue siendo del Estado nacional. El documento oficial aclara que no existe una transferencia definitiva de recursos ni una cesión del dominio público. En caso de que un contrato se extinga, la gestión del tramo volverá automáticamente a la órbita de la jurisdicción federal.
El decreto impone condiciones estrictas para evitar demoras, otorgando un plazo de un año para convocar a la licitación correspondiente. Si la provincia no cumple con este tiempo desde la aprobación del convenio, la delegación de facultades quedará sin efecto de manera inmediata. Además, Córdoba asume la obligación de mantener indemne a la Nación frente a posibles reclamos judiciales.
Respecto al aspecto financiero, el dinero recaudado en las estaciones de cobro tiene un destino exclusivo y no podrá desviarse a otras tareas. Los fondos obtenidos por el peaje deben aplicarse únicamente a la conservación o mejora del tramo específico otorgado en concesión. Con esta decisión, se busca descentralizar las funciones estatales y otorgar mayor autonomía a los distritos en su infraestructura estratégica.
